El proyecto ha tenido alguna evolución importante que tiene aspectos positivos y negativos. Pese a todo lo que ha generado políticamente, se ha proporcionado una discusión. El Gobierno ha estado abierto a la participación de los gremios y de la ciudadanía y se está dando un diálogo que ha hecho una modificación en la propuesta. Eso no pasaba antes, el Gobierno ordenaba y se acabó el asunto. Otro hecho positivo es que el Gobierno renunció al apetito voraz de recursos. Ya no son 14 billones los que necesitan, ya son seis.
Como negativo veo que no se ha sabido con precisión cuántos son los recursos que se necesitan. Han salido un montón de entidades a hablar de déficit distintos.
El Gobierno tiene que iniciar un recorte monumental de gastos, incluso por encima de lo que está prometiendo, que es insuficiente. El recorte tiene que ser del tamaño del déficit. El Gobierno tiene que dar ejemplo en esa operación matemática obvia.
Y hay un mensaje contradictorio cuando el Gobierno dice que va a hacer una cosa muy buena porque van a priorizar el gasto en lo social. No, es que eso no es ningún regalo, esa priorización es una obligación constitucional.
Por último se perdió una nueva oportunidad de una reforma estructural, que es lo que necesita el país.
