En 1984, con el surgimiento de las normas, tras el sismo de Popayán, comienza una etapa nueva de las construcciones que mejoran su capacidad de resistencia ante estos eventos. De ahí para atrás, son pocas las construcciones (10%) con capacidad para soportar las amenazas sísmicas, por lo menos en el caso de Medellín.
Hasta esa época casi que solo importaba la respuesta a las cargas verticales de las edificaciones en sí mismas. No fueron concebidas ni construidas para soportar sismos de magnitud considerable.
Eso en el nivel formal de la construcción. En el terreno informal, en la periferia, en los barrios populares, es un mundo aparte. Una cultura difícil de controlar por parte de las entidades estatales, porque cada familia desarrolla sus viviendas pensando que “el aire” es para sus hijos, casitas de un nivel que se hacen sin requisitos estrictos, y que a medida que crecen, en tres y cuatro pisos, son bombas de tiempo. Esas viviendas en las laderas son de altísimo nivel de vulnerabilidad. Y ni se diga en el resto del departamento.
Ante amenazas, incluso pequeñas, podemos tener grandes desastres. La situación es demasiado crítica. Y hay que fijar políticas claras y mecanismos de control, pero es complejo y difícil dado que cómo entra el Estado a regular propiedades privadas. Aunque se quiera ayudar, ahí hay conflictos entre lo público y lo privado, mientras que los riesgos son crecientes.
