El Consejo Supremo Electoral de Nicaragua, controlado por el sandinismo –es decir, por Daniel Ortega– despojó de su investidura a los parlamentarios del opositor Partido Liberal. Ortega ha impuesto una serie de cambios legales para copar todas las instancias de poder, y con esta última decisión electoral, queda como dueño único de toda la estructura estatal. El régimen que atenaza a una empobrecida Nicaragua sabe que Latinoamérica no le pedirá cuentas ni exigirá respeto a las garantías democráticas. Poco se oirán las voces de quienes dicen ser defensoras de los derechos políticos de los opositores
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