El grave hacinamiento carcelario -ya crónico- genera no solo graves violaciones a los derechos de los detenidos, sino que termina también en desbarajustes institucionales, como cuando los tribunales ordenan a las administraciones, mediante sentencias de tutela, construir más centros penitenciarios o hacer los estudios para iniciarlos. Es verdad que los propios gobiernos deberían hacerlo sin que los jueces sean quienes les den las instrucciones. Está pasando eso en Medellín y será la Corte Suprema la que ratifique o no esa orden.
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