La sociedad padece cada vez más nuevas conductas dañinas que exigen la actualización del Código de Policía, para que este tenga más dientes para garantizar la seguridad y convivencia ciudadana. En esa normatividad hay que tener un justo equilibrio entre la potestad sancionatoria y los derechos ciudadanos. Ya en anterior ocasión el código fracasó en el Congreso, al introducir sanciones desproporcionadas. Ahora, por razones similares, se raja en el examen de constitucionalidad que le hizo el Consejo de Política Criminal. Ni tan lejos que no alumbre al santo, ni tan cerca que lo queme, señores.
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