Leopoldo López, el líder opositor venezolano, no ha sido liberado. Sigue preso, así sea en detención domiciliaria y por ende con menor exposición a la tortura física y psicológica de los guardias del régimen chavista. La situación venezolana de asfixia de las libertades es tan extrema que cualquier gesto de la dictadura que se interprete como mano tendida es recibido como una genuina voluntad de apertura a la democratización. Y de allí que en tantas partes se haya saludado el envío de López a su casa, en calidad de preso, como una liberación.
Pero no está libre. Como tampoco lo están cientos de presos políticos. Como no lo está la oposición en su conjunto. Como no lo están la Asamblea Nacional ni sus diputados de la mayoría parlamentaria, sometidos a acoso y agresiones físicas y verbales. Como no lo están la prensa, ni los columnistas independientes, ni los empresarios.
Leopoldo López es el preso político más emblemático de Venezuela. Ha contado, además, con el liderazgo de su esposa, Lilian Tintori, que con valentía y capacidad de movilización ha llevado por el mundo entero el mensaje de una oposición democrática pisoteada y cuyos derechos y garantías, todos, han sido vulnerados. Por eso, la salida hacia la detención domiciliaria de López no debe hacer olvidar al mundo que en las cárceles permanecen muchos dirigentes políticos cuyo “delito” ha sido pedir democracia y reivindicar los derechos políticos de todos los venezolanos.
Cambiar los 14 años de condena y el régimen de aislamiento a López por la detención domiciliaria puede tener varias lecturas: desde bajar la presión de las movilizaciones permanentes de la oposición en las calles, hasta dividir a la propia oposición abriendo vías para que uno de sus líderes más visibles pueda tener contacto con el exterior y, por tanto, asumir su vocería desde su reclusión.
Otra explicación, que Nicolás Maduro dejó asomar en sus declaraciones del mismo sábado, apunta a una maniobra para minar a la fiscal General, Luisa Ortega. Fue ella, cuando no se había reconvertido en demócrata y defensora de las leyes, siendo, como fue, la más obsecuente ejecutora de los mandatos del poder Ejecutivo, la que dirigió todo el procesamiento contra Leopoldo López. Al esgrimir ahora el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que en el proceso judicial ha habido vicios legales, tales fallas son imputables a la fiscal Ortega. Un motivo más para su inminente remoción del cargo.
Han sido semanas de frenesí en Venezuela. Como serán las que vienen, con una convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente para finales de este mes, ambientada con la violencia ejecutada en la irrupción de grupos progubernamentales en la Asamblea Nacional, para atacar a los diputados opositores en aleve agresión observada con estupor en todo el mundo.
Ayer el presidente y editor del diario El Nacional, Miguel Henrique Otero, escribió que los últimos hechos indican que la dictadura vive sus últimos días, y reseña el abandono del país de las familias de varios dirigentes del chavismo. “Todo conduce a la misma conclusión: transcurren las horas finales del régimen”.
Solo habría una forma de que ese final se verificara de forma pacífica, y sería con elecciones libres, no amarradas y dirigidas como la de la constituyente de Maduro. Pero el régimen y sus beneficiarios, civiles militares, no parecen dispuestos a medirse a la democracia.
