Los manifestantes opositores en Caracas y otras ciudades de Venezuela dicen estar dispuestos a “seguir tragando bolillo”. Todo para conseguir que ese país se sacuda y que se logren, en lo inmediato, restablecer el calendario electoral y las garantías para los candidatos contrarios al régimen, que aspiren a alcaldías y gobernaciones en las por ahora suspendidas jornadas de votación regionales.
El miércoles 19 de abril, la Mesa de Unidad Nacional (MUD), compuesta por las distintas corrientes opositoras, espera adelantar la movilización ciudadana más numerosa de los últimos años.
Por ahora, en plena Semana Santa, y desde hace seis días, los antichavistas se relevan en pequeñas marchas que soportan la reacción con frecuencia brutal de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y la Guardia Nacional. Los gases lacrimógenos, los perdigones y los bolillos son las herramientas a la mano con que los uniformados impiden el acceso de manifestantes al centro de Caracas, en torno a las sedes principales del poder público.
Hay demasiadas preguntas sobre la actitud cerrera de las Fuerzas Armadas venezolanas para reprimir a los descontentos y blindar por todos los costados a un gobierno desprestigiado, con asomos de tránsito a la dictadura, como cuando intentó, hace quince días, anular las atribuciones de la Asamblea Nacional y trasladar sus competencias al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Se trata de castas y cuadros militares y policiales que formó los últimos 25 años el fallecido “comandante de la revolución” Hugo Chávez, desde sus levantamientos hasta la llegada al poder. Objeto de la persistente penetración ideológica del discurso bolivariano-revolucionario, pero también beneficiarias de prebendas y otras lisonjas del régimen, encabezado hoy por Nicolás Maduro, con el respaldo de figuras como Diosdado Cabello, Elías Jagua, Aristóbulo Istúriz y Delcy Rodríguez.
Una oficialidad con varios de sus miembros señalados por agencias de Estados Unidos de tener vínculos con mafias internacionales del narcotráfico e integrar el “cartel de los soles”, sobre el que la misma Asamblea Nacional ha pedido investigaciones y explicaciones al gobierno de Maduro.
Se trata de un estamento militar consentido por el Ejecutivo, sobre cuyo presupuesto llamó ayer la atención la profesora y líder académica y universitaria Keta Stephany: “se deben vigilar las finanzas públicas. No puede ser que el sector militar tenga más presupuesto que el de Educación o de Salud”.
La crítica tuvo como escenario y contexto la aprobación de la Asamblea Nacional de un “manifiesto en defensa de la democracia”, para pedir que se convoquen elecciones “sin presos ni inhabilitados políticos”. Al tiempo, se denunció la hostilidad permanente contra los opositores con “miedo, represión y uso de fuerza bruta”.
A pesar de los reclamos insistentes de la comunidad internacional para que en Venezuela se garanticen los derechos humanos y constitucionales, y para que se respeten mínimos democráticos -movilización que tiene un vocero clave en Luis Almagro, secretario General de la OEA-, el país vecino continúa sumido en el caos político, la depresión económica y la violencia callejera de todo orden.
El panorama está cargado de incertidumbre: no se sabe cuánto más quiera seguir atornillado al poder el régimen chavista, en un país dividido y expuesto a la confrontación civil entre grupos hasta ahora sin puentes de diálogo y entendimiento.
