Es hora de revivir la Veeduría Cívica (ciudadana) para Empresas Públicas de Medellín. La renuncia de todos los miembros de su junta directiva (salvo la del alcalde de Medellín) y el retroceso en el compromiso que la administración debería asumir con las políticas de buen gobierno corporativo llevan a un punto de quiebre, en el que o se entroniza un estilo autocrático, en el que la marcha de la organización se somete a los designios inconsultos de una sola persona, o se restablece plenamente un sistema de normalidad en la alta dirección por medio de una junta directiva cualificada, técnica y socialmente responsable, y que obre bajo el mandato ciudadano de velar por los intereses generales y, por supuesto, de los corporativos de la entidad a la que representan.
Están sobre la mesa los mensajes del alcalde Daniel Quintero en el sentido de que “puedo cambiar a los miembros de junta si quiero (...) Si no me gusta un miembro de junta, lo cambio” (W Radio, 12/08/2020), y que aquellos que renuncian cuando consideran que no se les tiene en cuenta están incurriendo en “pataletas infantiles” (Noticias Caracol TV, 12/08/2020). Los miembros de las juntas que sean designados en lo sucesivo sabrán a qué atenerse. Los representantes de la sociedad civil que lleguen a integrar una Veeduría Cívica, si bien no son órgano de gobierno de EPM, ni van a coadministrar, no estarán sujetos a los arrebatos de la arrogancia del mando de quien considera que EPM es solo un instrumento para regodearse en la acumulación de poder.
Insiste el alcalde Quintero en presentar el quiebre en la gobernabilidad y en la confianza de la alta dirección de EPM como un asunto de contraposición entre querer recuperar recursos públicos versus proteger intereses particulares. Salvaguardar los recursos públicos es, ciertamente, su deber y el de la Gerencia de EPM. Ni la ciudadanía ni una junta directiva responsable y sensata se deberían oponer a ello. No es creíble que el retiro de la junta se haya producido por obstaculizar el ejercicio de acciones sobre los sobrecostos de Hidroituango.
Durante la alcaldía de Luis Pérez Gutiérrez (2001–2003) se constituyó un comité cívico, de veeduría ciudadana, ante las preocupaciones que había entonces por el proceloso y cuestionado rumbo que estaba tomando la empresa. En ese tiempo fue una experiencia positiva y útil. Ahora hay que acompañar las propuestas del Comité Intergremial de Antioquia, y de la Andi -que habla de una “Comisión de la Confianza”- que, sin tintes políticos ni pretensiones de erigirse en lobby, sí tenga posibilidades de realizar una función constructiva, veedora, que canalice el interés general de la ciudadanía de mantener a EPM en el más alto estándar de gobierno corporativo y cumplimiento de sus objetivos.
En ese comité o veeduría ciudadana deben tener asiento personas de las más altas condiciones profesionales y éticas, con voluntad de prestar un servicio de interés público, cívico, provenientes de los gremios, la academia, las universidades, los centros de pensamiento y, en particular, de expertos en gobierno corporativo y de las ramas relacionadas con el abanico de servicios públicos que presta el grupo EPM.
Si “para hacer lo correcto no se necesita permiso”, la veeduría ciudadana –que está consagrada y permitida en la Constitución Política, Art. 270, y en leyes como la 850 de 2003– no requiere aquiescencia del alcalde ni de la propia EPM, aunque una buena forma de rectificar sus decisiones erróneas sería demostrar su voluntad de permitir este ejercicio fundamental de control ciudadano.
