Dentro de las múltiples entidades públicas que se han creado durante este Gobierno, en un proceso de creciente burocratización y regreso al gigantismo estatal como mecanismo no tanto de buen gobierno para la prestación de servicios públicos sino como un sistema de asignación a dedo de sectores del Estado para su apropiación por parte de aliados políticos, se encuentra la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
Esta Agencia fue creada por la Ley 1702 de 2013. Formalmente, su finalidad es reducir los accidentes de tránsito en el país. Será la máxima autoridad para la aplicación de las políticas y medidas de seguridad vial nacional, para lo cual coordinará a los organismos y entidades públicas y privadas que tengan que ver con esta política. Tendrá a su cargo el Fondo Nacional de Seguridad Vial, al cual se destinará el 3 % de las primas recaudadas por el SOAT. Dice de forma expresa la Ley que “el director general de la Agencia Nacional de Seguridad Vial será el ordenador del gasto de los recursos del Fondo”.
La Agencia, aunque está adscrita al Ministerio de Transporte, gozará de autonomía administrativa y financiera y tendrá patrimonio propio. De acuerdo con lo confirmado a este periódico por la actual directora encargada de la entidad, el presupuesto anual arrancó en 54.000 millones de pesos.
Al presentar la Agencia en una gran ceremonia pública el 23 de diciembre de 2015, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, luego de hacer un recuento de los costos de la accidentalidad vial en el país, dijo lo siguiente ante cientos de asistentes: “Tomamos la decisión de que fuera una Agencia –una figura que en este gobierno hemos desarrollado– porque así hacemos énfasis en una entidad eminentemente ejecutora y técnica. Esas dos palabras son mágicas cuando uno quiere resultados: tener la capacidad de ejecutar con personas que tengan un buen nivel técnico. Lo que además, cuando uno combina esas dos cosas, genera más transparencia. Genera más efectividad”.
Buen nivel técnico y transparencia de una entidad ejecutora. Pues bien, lo que será la puesta en práctica de estos valores derivados de la palabra presidencial se reflejó en la formalización, a través de la página Web de la Presidencia de la República, antier, de la hoja de vida de Gabriel Jaime Rico Betancur, exgerente general de Plaza Mayor en Medellín y excandidato a la Alcaldía de esta ciudad, como aspirante a la Dirección General de esta nueva Agencia estatal.
Desde septiembre del año pasado, este periódico ha publicado documentados informes sobre lo que ocurrió en la gestión de Rico Betancur en Plaza Mayor. Ahí están para quien quiera consultarlos y para quien no quiera cerrar los ojos ante el descalabro administrativo, financiero y ético que allí se padeció. Pueden optar por cerrar los ojos como lo hizo la administración municipal pasada y buena parte de la junta directiva de esa entidad. Y como lo han hecho los entes de control municipales.
Es posible que el presidente de la República y el alto gobierno consideren que, aparte de su política de paz que le genera adhesión en varios sectores, las otras no son merecedoras de atención por parte de la opinión pública. Y que ello les exime de cualquier consideración sobre la transparencia en la gestión estatal y la necesidad de nombrar personas idóneas y sin tacha en los cargos públicos. Parecen asumir que existe patente de corso para disponer del Estado y su estructura para fines muy distintos a los que demanda el interés público. Y luego se preguntan por qué no tienen ninguna credibilidad entre tantas capas de la población.
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