Pico y Placa Medellín
viernes
3 y 4
3 y 4
El país recibió al cierre de la semana pasada dos decisiones claves para la democracia, que bien podrían considerarse un heroico grito de independencia.
La primera, el anuncio de la Corte Constitucional de que suspende los efectos de la emergencia económica decretada por Gustavo Petro, hasta tanto pueda estudiar de fondo si se apega a la Carta Política o no. La segunda fue la decisión de la Junta del Banco de la República, de subir las tasas de interés 100 puntos porcentuales, hasta 10,25%, para tratar de evitar que se dispare más la inflación. En ambos casos, el diseño institucional del Estado colombiano respondió a los embates del huracán Petro.
Petro, en uno de sus actos más autoritarios, decidió imponer nuevos impuestos vía decreto, es decir, por su cuenta. Luego de que el Congreso no aprobó la reforma tributaria, acudió a una figura de la Constitución reservada para estados de excepción, y lo hizo mientras la Corte estaba en vacancia judicial. De esa manera, intentó saltarse, de un solo tiro, los dos poderes diseñados para hacerle contrapeso: el legislativo y el judicial.
Pero en buena hora la Corte Constitucional tomó una decisión que no tiene precedentes y fue poner en pausa los nuevos impuestos, mientras el alto tribunal le revisa la tarea a la Presidencia. La apuesta de Petro era cobrar estos impuestos –recoger plata nueva por la que ha mostrado tanto interés– así fuera solo en los meses que la Corte estudiaba el caso y lo tumbaba.
Pero la Corte, que no está para dejar pasar las jugaditas del Presidente, decidió frenar en seco el recaudo de impuestos. La lógica del caso es que si Petro recoge dinero de los contribuyentes con una emergencia ilegal, la confianza en las instituciones se erosiona. Más aún cuando lo hace sin argumentos sólidos para demostrar que había hechos sobrevinientes o sorpresivos.
En el segundo caso, la junta del Banco lo que hace es evitar el impacto inflacionario que puede tener el desproporcionado aumento del salario mínimo, también decretado unilateralmente por el presidente Gustavo Petro.
Recordemos que Petro decidió subir el salario mínimo 23,7%, una cifra muy lejos de la inflación (5%) o de la productividad (6%), que han sido históricamente indicadores de referencia para el aumento. Aún más extraño, son casi 8 puntos por encima de lo que pedían los sindicatos (16%).
¿Por qué Petro se distanció de todos como si fuera un reyezuelo, no le hizo caso a lo técnico, ni siquiera a los trabajadores aliados suyos, y sacó un porcentaje de aumento de la nada? Tal vez porque se trata de una jugada estratégica para ganar puntos de cara a las elecciones. Estamos hablando de cerca de 2,4 millones de personas que ganan un salario mínimo, y de otras 2 millones que reciben mesada de Colpensiones y que vieron un significativo aumento del giro mensual.
A Petro no le gusta nada que el Banco de la República aumente las tasas. Es más, los ataca cada vez que no las bajan. Pero en buena hora la Constitución de 1991 le dio autonomía al Emisor para intentar evitar que medidas populistas, como en este caso, acaben con el engranaje productivo del país.
En el caso de la emergencia económica, la votación fue 6-2 a favor de la suspensión, la Corte acogió la ponencia del magistrado Carlos Camargo, y sobre todo le dio la razón a la solicitud del presidente del alto tribunal, Jorge Ibáñez, que propuso la idea.
Esta decisión se convierte además en un precedente clave en caso de que llegue otro mandatario con devaneos dictatoriales. Se trata sin duda de una actuación histórica de los magistrados en defensa de la democracia. Solo dos togados votaron por darle carta blanca a las tentaciones autoritarias del Presidente, Vladimir Fernández y Héctor Carvajal. La historia se encargará de juzgarlos.
No tiene presentación que el Presidente imponga más impuestos, pero al mismo tiempo abra en regadera las llaves de la contratación. En solo enero, su gobierno contrató a 101.000 personas por prestación de servicios –por poco más de $6 billones– casi cuatro veces más de las 28.000 que contrató en enero del año pasado. Y si a eso se le suma el costo del aumento del salario mínimo en la nómina estatal y en el pago de pensiones –$7 billones–, tenemos que con un simple chasquido de dedos, Gustavo Petro comprometió $13 billones, es decir, más que los $11 billones que pensaba recaudar con la emergencia. De tal manera que la “emergencia” no es un hecho “sobreviniente”.
El gobierno pensaba cargarles la mano a los colombianos, no solo a los megarricos, como esgrime el mandatario. Los nuevos impuestos cobraban, por ejemplo, un IVA de 19% a las bebidas alcohólicas. Y un gravamen adicional del 2,5% a las generadoras de energía y las obligaba a entregar energía en firme para salvar a la empresa Air-e, que el gobierno acabó de hundir con una fallida intervención. Medidas que aumentarían las tarifas de energía de todos, no solo de los ricos. También iba a cobrar un mayor impuesto a los patrimonios, ahuyentando la inversión y provocando la salida de capitales del país.
La Corte y el Banco lo que hicieron fue defender los intereses de Colombia y del futuro de cada uno de sus habitantes. Por eso hay que respaldar estas decisiones y rechazar los ataques de parte del presidente Petro y todos sus alfiles.