El presupuesto general de la Nación es uno de los proyectos de ley más importantes que el Ejecutivo somete a consideración del Congreso cada año. El de 2022, cuyo monto acaban de aprobar las comisiones económicas conjuntas de Senado y Cámara, tiene varias particularidades. Para empezar, es el segundo en medio de la pandemia del covid-19. Pero, además, este es el último presupuesto que ejecutará directamente el gobierno del presidente Iván Duque y es el mismo con el que comenzará a trabajar la nueva administración que llegue en agosto del año entrante.
El monto del presupuesto se fijó en 350,4 billones de pesos, lo que representa un crecimiento de 3,8 %, sin incluir deuda, frente al de 2021. Para inversión se destinarán 62,2 billones de pesos, para gastos de funcionamiento 210 billones y para el pago del servicio de la deuda 78 billones.
Sin duda, este es un presupuesto para un período muy complejo y con enormes desafíos fiscales. Lo aprobado garantiza la continuidad, hasta el año entrante, de los programas sociales existentes y otros nuevos que surgieron para atender las consecuencias económicas y sociales que ha dejado la pandemia.
Ahora viene una etapa aún más difícil y crucial. Antes de que termine octubre, cuando debe estar aprobado en su integridad el presupuesto, el Congreso discutirá la distribución de los 350,4 billones de pesos.
No hay que perder de vista que estamos en un año preelectoral, pues el entrante habrá elecciones legislativas y presidenciales. Aunque los congresistas comenzarán sus campañas a principios de 2022, querrán demostrar que lograron buenas partidas para financiar los proyectos en sus regiones. Entre más inversión logren meter en este presupuesto, más tendrán que mostrar a sus potenciales electores. Ahí es donde se requerirá de la habilidad política del ministro de hacienda, José Manuel Restrepo. Si bien logró pasar, sin grandes problemas, la reforma tributaria, ahora se enfrenta a un pulso complicadísimo en el Congreso. El monto del presupuesto no se puede variar, pero en el tire y afloje habría que sacar de un lado para otro, pues no hay margen de maniobra. Y, si funciona como en el pasado, intentarán bajarle un poco al servicio de la deuda para subir la inversión. El problema es que eso solo llevaría a subir el déficit, justamente lo que no se querría.
Lo cierto es que este gobierno tendrá recursos para acabar de cumplir sus compromisos y programas. Lo complejo vendrá para la próxima administración. La situación fiscal es más grave de lo que se ha mostrado. Si el nuevo gobierno quiere cumplir con el déficit fiscal previsto en la programación macroeconómica para el año 2023, tendrá que hacer un muy fuerte apretón. Pasar de un déficit de 7 % del PIB, contemplado para 2022, al 4,7 % previsto para 2023, implicará un ajuste enorme o, inevitablemente, una reforma tributaria.
Al nuevo gobierno le tocará, con una alta probabilidad, resolver también el tema de privatizaciones que se plantea en el Marco Fiscal Mediano Plazo y que debería generar recursos por algo más de seis billones de pesos el próximo año. Si esos ingresos no se llegaran a materializar, lo cual siempre es incierto, la nueva administración tendría que, eventualmente, recortar el presupuesto o irse con un déficit mas alto.
¿Qué pensarán de todo esto los candidatos que aspiran a ser presidente de Colombia a partir del 7 de agosto de 2022? ¿Mantendrían la regla fiscal y los programas sociales que se ampliaron o que se crearon por la pandemia? Quien llegue a la Casa de Nariño tendrá que resolver tareas muy gruesas en materia fiscal. En sus primeros días, deberá tomar la difícil decisión de si presenta una nueva reforma tributaria, lo que hoy parecería inevitable
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