Uno de los primeros proyectos de reforma que presentó el actual Gobierno ante el Congreso fue el de la justicia. Se trataba de un proyecto más bien modesto, que aunque incluía algunas propuestas interesantes, sobre todo referentes a la mayor exigencia de requisitos para llegar a ser magistrado de alta corte, realmente era de proyección corta, carente de ambición en lo que se refiere a los grandes ejes que habría que reformar para hacer que el de la justicia sea realmente un servicio público con estándares aceptables.
El Gobierno anterior de Juan Manuel Santos dejó una estela de fracasos en el trámite de las reformas, unas atribuibles a su deficiente gestión en la materia, otras al propio Congreso, y las más de ellas a cargo del bloqueo ejercido por las altas cortes, que actuaron -y siguen actuando- como régimen corporativo en defensa de intereses sectoriales que no tienen qué ver con el del servicio público esencial, es decir, con aquellas reformas que posibiliten el acceso ciudadano a servicios eficientes y eficaces de la jurisdicción estatal en sus distintas especialidades.
Toda reforma a la justicia topa con resistencias, desde diferentes ámbitos, todos ellos con capacidad de torpedear las iniciativas. Depende de la fortaleza política del Gobierno de turno sortear esas presiones y lograr impulsar su trámite en el Congreso. Pero parece que la capacidad de bloqueo, en particular el de las altas cortes, es superior a la fuerza política institucional del Ejecutivo y del Legislativo, poderes derivados del voto ciudadano y, por tanto, legitimados en las urnas.
Ya el Gobierno Duque cedió en un primer momento y retiró los artículos de su proyecto que tenían que ver con una reglamentación mínima y además perfectamente razonable de la acción de tutela. Pero cualquier reforma a esta acción se volvió un tabú político y jurídico, a pesar de que hay necesidad de reencauzar muchos de sus puntos para recuperarla como un mecanismo excepcional de defensa de los derechos fundamentales. Los desbordamientos judiciales a los que ha dado lugar seguirán, y cada vez expandiendo sus límites, pues no hay quién se atreva a ponerle coto a sus excesos de la única forma legalmente posible, que es a través de una precisa y acotada reforma constitucional.
El tiempo se acaba y este período de sesiones del Congreso tiene otros temas que absorberán su atención, sumando debates como los que se harán sobre el fiscal Martínez Neira y la investigación sobre Odebrecht. La reforma a la justicia, tal como va, naufragará lánguidamente.
La ministra de Justicia, Gloria María Borrero, lleva años estudiando la problemática de la justicia, de sus barreras, taras, inercias regresivas, proponiendo también soluciones, mejoras y reformas. Pero su caso demuestra que una cosa es el ejercicio académico y gremial y otro la gestión política. Se ha topado con la hostilidad de las cortes y allí se necesita alguien muy fajado políticamente para sortear el sabotaje continuo de las altas esferas del poder jurisdiccional, a la vez que atender los requerimientos de las fuerzas parlamentarias.
Para el resto del período presidencial se entrevén dificultades mayúsculas y no se sabe hasta qué punto una reforma a la justicia como la que necesita el país podrá ser impulsada con decisión por el Gobierno, contra viento y marea, o si preferirán dedicar sus energías a otras prioridades. El mensaje es que las altas cortes conservan su statu quo pero la ciudadanía seguirá sufriendo esa hiriente deficiencia, o directa ausencia, de uno de los servicios públicos esenciales necesarios para la paz social.
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