La Registraduría Nacional del Estado Civil presentó en días pasados la cédula digital, cuyos objetivos serían modernizar la identificación de los colombianos, blindar la democracia y combatir el crimen. Según la Oficina de Comunicaciones y Prensa de la Registraduría, la cédula digital está acompañada de un nuevo documento físico de seguridad que es imposible de adulterar y falsificar.
Otras de las virtudes del nuevo documento que destaca la Registraduría, es que será la llave de acceso a la carpeta ciudadana, que es un espacio que tendrán los ciudadanos en la nube, donde estarán alojados su registro civil, licencia de conducción, libreta militar, historia clínica, entre otros.
Ha sido costumbre en los últimos años que los funcionarios públicos anuncien grandes cambios en los procesos estatales, generando toda serie de titulares que dan por solucionados los problemas que aquejan a los colombianos. Para nadie es un secreto que la pérdida de la cédula de ciudadanía se convierte en un dolor de cabeza para el ciudadano, por la cantidad de situaciones desagradables y desafortunadas con las que los delincuentes y personas inescrupulosas llegan a realizar.
Lo que no se puede perder de vista es que el nuevo documento tampoco solucionaría algunos de los problemas de seguridad que tiene la cédula actual, dado que es imprudente garantizar que la información que reposa en la nube esté blindada de ataques o robos. Junto con la revolución tecnológica surgen los cibercriminales. Es arriesgado, por decir lo menos, anunciar la garantía de “imposibilidad de adulteración o falsificación”, dado que hasta reconocidas empresas internacionales a la vanguardia de la seguridad han sido víctimas de ciberataques. Por citar sólo un ejemplo, el pasado 8 de diciembre, la firma de ciberseguridad estadounidense FireEye informó que fue víctima de un ataque cibernético por parte de actores, probablemente patrocinados por un gobierno con capacidades ofensivas de primer nivel.
La ciberseguridad es un elemento de crucial importancia para las empresas y en especial para los Estados. Bien haría la entidad en informarle a la ciudadanía, cuáles son las herramientas con las cuales va a proteger sus datos, no sólo de identidad, sino los que harán parte de la llamada carpeta ciudadana, delicados todos ellos y objeto de máxima protección.
Si bien la propia Registraduría anuncia que la inversión inicial dirigida a la implementación de las tecnologías para la expedición de estos documentos será de 16 mil millones de pesos, no se informa cuánto se tendrá que invertir en seguridad en la información.
Tampoco se puede dejar pasar por alto cuáles fueron las razones por las cuales este proceso de cedulación no está dentro de una licitación pública o si fue ejecutado por medio de una adición al contrato actual, por lo que se hace un llamado a las entidades de control para que lo auditen.
Los cambios en los procesos de identificación de los ciudadanos no deben reducirse a titulares o grandes anuncios, por las implicaciones que estos tienen, tanto en la interacción con el Estado y entre particulares, sino también como mecanismo para la votación en los procesos electorales.
