Por sus connotaciones históricas, la parte del acuerdo de paz de La Habana que tiene que ver con el desarrollo agrícola y rural, la cual se denomina “Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral (RRI)”, constituye una pieza fundamental para asentar la convivencia pacífica entre los colombianos.
No debe olvidarse que el conflicto interno tuvo su origen en el campo y que han sido los pobladores rurales los que han padecido con mayor intensidad sus consecuencias.
La Reforma Rural Integral consta de tres grandes componentes: la propiedad, el acceso y la formalización de la tierra; los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET); y los Planes Nacionales para la RRI.
En materia de tierras se propone la creación de un Fondo de Tierras “de distribución gratuita” entre “trabajadores y trabajadoras con vocación agrícola sin tierra o con tierra insuficiente”. El Fondo contará con tres millones de hectáreas.
Las tierras que conformarán el Fondo provendrán de diversas fuentes. Unas dependen de la acción del Estado: extinción judicial de dominio, recuperación a favor de la Nación y actualización de la Reserva Forestal. Para otras se recurre al mecanismo de extinción de dominio: tierras inexplotadas y motivos de interés social.
Diversos estudios sostienen que con la extinción judicial y la recuperación de tierras bastaría para dotar al Fondo.
Ello hace innecesario generar, a través de la extinción de dominio, presiones sobre la propiedad privada de la tierra, lo que, a su vez, podría motivar efectos perversos en términos de su uso y de sostenibilidad ambiental.
Adicionalmente, el Gobierno se compromete a apoyar la compra de tierras por parte de los beneficiarios mediante el otorgamiento de un subsidio y la creación de una línea de crédito especial, subsidiada y de largo plazo.
En Colombia, ambos instrumentos tienen un historial poco exitoso. Para asegurar su eficacia y evitar que se conviertan en fuente de malas prácticas y frustraciones, el Gobierno deberá mejorar y afinar el marco institucional.
Al incorporar el concepto del acceso integral, la RRI toma en cuenta las experiencias pasadas sobre la necesidad de que los programas de tierras vayan acompañados de otros servicios sociales y productivos, como la vivienda y la asistencia técnica.
Un asunto de gran importancia, y en el que hasta ahora no se han tenido mayores logros, es el de la formalización de los derechos de propiedad de los pequeños productores. En el acuerdo se establece la meta de regularizar siete millones de hectáreas, lo que representa un gran reto.
Esto, junto a otros asuntos agrarios, como la formalización y la actualización del catastro y del impuesto predial rural, son acciones que promueven el mercado de tierras y su uso adecuado, lo que, de concretarse, resulta estratégico para el desarrollo rural.
De manera acertada, los Programas PDET se conciben como el mecanismo de focalización de las acciones integrales en los territorios priorizados.
El Gobierno se compromete con la formulación de 11 planes nacionales rurales temáticos (educación, infraestructura, etc.) para la RRI, lo que, aunque pertinente, pone en riesgo la integralidad que demanda la política rural.
La concreción de la Reforma Rural Integral exige del Gobierno un gran esfuerzo fiscal e institucional y del sector privado y del resto de la sociedad su apoyo y compromiso generosos, pues de la ejecución exitosa de la Reforma dependerá, en buena medida, la “construcción de una paz estable y duradera”.
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