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Editoriales | PUBLICADO EL 25 septiembre 2026
¿Qué pasó con el gabinete en la sombra?
Cada día aparecen tantas evidencias del entramado de líos que le dejaron al país después de cuatro años de gobierno, que el gabinete en la sombra debería estar más bien dando explicaciones.
Ha pasado apenas un mes desde que Gustavo Petro presentó con solemnidad el llamado “Gabinete por la Vida”, una especie de gabinete en la sombra integrado, en buena parte, por quienes fueron ministros y altos funcionarios del gobierno anterior. Según dijeron entonces, su propósito sería señalar lo que hiciera mal el nuevo gobierno y contribuir a formular soluciones.
La pregunta es inevitable: ¿con qué autoridad van a hacer esa labor? Cada día aparecen tantas evidencias del entramado de líos que le dejaron al país después de cuatro años de gobierno, que el gabinete en la sombra debería estar más bien dando explicaciones antes que exigiendo soluciones.
¿Qué será que proponen para salir de la crisis fiscal en la que dejaron al país, con una deuda explosiva que nos obligará a pagar $99 billones en intereses en 2027 y un descuadre monumental en las finanzas públicas que llegará al 9,2% del PIB el año entrante, cerca de $200 billones? ¿Y qué será lo que se le ocurre al gabinete en la sombra para sacar de cuidados intensivos al sistema de salud, que dejaron con cuentas por pagar de las EPS por $41,5 billones que se traducen en precaria atención para los colombianos? ¿O tal vez tienen la fórmula para enfrentar a los grupos armados que ponen en jaque a ciudades enteras, como ocurrió esta semana en Santa Marta, y cuyas filas casi se duplicaron durante la “paz total”, al pasar de 15.120 a 28.802 integrantes?
Resulta difícil entender que quienes tuvieron durante cuatro años en sus manos los presupuestos, los ministerios y las empresas del Estado se presenten ahora como una suerte de consejo de sabios dispuesto a explicarles a sus sucesores cómo arreglar el país.
Un gabinete en la sombra es perfectamente legítimo. En otras democracias existe para vigilar al gobierno, confrontar sus políticas y ofrecer alternativas. Pero el problema de este gabinete es bastante particular: sus integrantes quieren fiscalizar las consecuencias de problemas que, en varios casos, crearon ellos mismos.
Y antes de convertirse en fiscalizadores también tendrían que rendir cuentas sobre los escándalos que siguen saliendo a la luz de los cuatro años del gobierno Petro. Las revelaciones contenidas en los chats de Eva Ferrer con el propio Petro, las investigaciones sobre el manejo de recursos públicos y los hallazgos que comienzan a conocerse de la auditoría forense de Ecopetrol plantean preguntas que el país todavía no ha terminado de responder. Quienes estuvieron en el corazón de ese gobierno difícilmente pueden limitarse ahora a señalar con el dedo a sus sucesores. Antes de erigirse en jueces de lo que otros están haciendo, deberían explicar qué ocurrió bajo su propia administración, qué sabían, qué decisiones tomaron y qué responsabilidad política les corresponde por lo que hoy sale a flote.
¿Qué proponen ahora los exministros Irene Vélez y Andrés Camacho frente a las dificultades del sector energético? ¿Qué responsabilidad política asumen por las deudas acumuladas con las comercializadoras? ¿Qué balance hacen de lo ocurrido con Air-e? ¿Cómo evitar que sigan aumentando las tarifas de energía y gas? ¿Qué hicieron durante su paso por el Gobierno para garantizar suficiente oferta de gas y reducir la dependencia de las importaciones? ¿Y qué dicen ahora que el operador del sistema advierte un faltante de 3.900 GWh al año y que, de los 4.500 megavatios que debían entrar este año, a julio solo habían llegado 331?
¿Y la excanciller Rosa Villavicencio qué propone para los pasaportes, ahora que un tribunal suspendió el modelo que impuso Petro y al nuevo gobierno le tocó declarar la urgencia manifiesta para poder abastecer este documento clave para los colombianos?
En salud ocurre lo mismo. ¿Qué tiene para decir el exministro Guillermo Alfonso Jaramillo sobre la situación financiera en la que quedó el sistema? ¿Cuál es su balance sobre las EPS? ¿Y qué explicación ofrece frente a la crisis del modelo de salud de los maestros?
Y está Colpensiones. Durante el gobierno anterior se aseguró que la entidad estaba preparada para asumir las enormes responsabilidades que le entregaba la reforma pensional. Ahora resulta que la propia Colpensiones le pidió a la Corte Constitucional aplazar un año la entrada en vigencia de sus nuevas obligaciones, hasta abril de 2028, porque necesita más tiempo para completar ajustes tecnológicos, operativos, regulatorios y financieros. Entonces, ¿estaba lista o no estaba lista? Jaime Dussán, expresidente de Colpensiones y hoy integrante del gabinete alternativo, podría comenzar su tarea de fiscalización respondiendo esa pregunta.
Petro dijo al presentar el grupo que este no sería un gabinete “en la sombra” sino “en la luz”, y sostuvo que quien estaba en la oscuridad era el nuevo gobierno. La frase, vista apenas un mes después, resulta cuando menos paradójica.
Porque antes de iluminarles el camino a quienes llegaron, sus exministros podrían encender la luz sobre su propia gestión. Después podrán fiscalizar. Después podrán pontificar. Después podrán presentarse como portadores de soluciones. Pero primero deben rendir cuentas.
