La posibilidad de un tercer canal privado de televisión llevaba años estancada. Aunque desde el segundo periodo de Álvaro Uribe se dispuso una licitación para adjudicar la licencia de operación de otro canal, diversas controversias jurídicas hicieron que finalmente no se culminara el proceso. El Consejo de Estado había dicho que no podía continuarse una licitación en la que participara un solo oferente, como sucedió en 2010.
También pesó la tenaz oposición de los canales privados, Caracol Televisión y RCN Televisión, que argumentaron toda una serie de objeciones que iban desde lo jurídico hasta lo económico y comercial. Presentaron estudios de mercado según los cuales no había capacidad en el país para que la pauta publicitaria fuera suficiente para tres canales comerciales privados.
Otro de los puntos esgrimidos por los canales fue el del fomento y protección a la industria nacional que abarca desde la realización de seriados hasta el trabajo de los actores y actrices nacionales. A juicio de los canales, esta industria nacional y la actividad de los artistas colombianos se vería perjudicado con la entrada de nuevos operadores que, según ellos, privilegiarían las producciones extranjeras en perjuicio del trabajo y la cultura nacional. Esta salvedad, como lo han destacado representantes de los actores, quedó desvirtuada al emitir los canales actuales producciones extranjeras en horario de máxima audiencia.
La apertura de los procesos para conocer los términos de adjudicación y los cronogramas presentados por el Ministerio de las TIC y la Autoridad Nacional de Televisión (ANT) desatasca lo que se había convertido en un problema político, además de jurídico.
Incluso cuando no se puede afirmar que la oferta televisiva sea reducida, es positivo que se abra la puerta al tercer canal. Hoy hay gran pluralidad de servicios y acceso a tal diversidad de canales y plataformas que quien decida optar por pujar para la adjudicación del canal tendrá que garantizar grandes dosis de creatividad e innovación. Es decir, habrá una ganancia neta para los televidentes.
La entrada en operación del tercer canal coincidiría además con la transición del sistema analógico al de televisión digital terrestre. La ANT desde el año pasado ha dicho que hay que desarrollar un programa de “alfabetización digital” para hacer conocer a los televidentes las implicaciones de estos cambios.
Pero también se anunció un nuevo sistema de operación del Canal Uno, de propiedad pública pero con espacios otorgados a concesionarios privados. La idea es que sea adjudicado a un solo concesionario, para unificar parrillas de programación. Es una opción que seguramente no gustará a muchos y desatará presiones de todo tipo. No es extraño, por eso, que la decisión se haya comunicado al mismo tiempo que la opción del tercer canal.
Todo proceso de estas características implica una apuesta política del Gobierno y el ejercicio de instrumentos regulatorios para afianzar su poder. De allí que sea necesario un ejercicio de vigilancia para que todo el cronograma se desarrolle con las máximas garantías de imparcialidad y rigor técnico. Siendo la pluralidad un valor para proteger, no tendría sentido que estas concesiones terminen en pago de favores o en cobro de cuentas políticas. Se trata de ampliar un servicio público y de garantizar su prestación con los mejores parámetros de calidad y respeto al consumidor.
