Dice la Constitución que la administración de justicia es función pública, que “sus actuaciones son permanentes” y que “los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado”. Agrega que “se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia”.
En desarrollo de estos principios constitucionales, la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia (Ley 270 de 1996) consagra el de la justicia como “servicio público esencial”. Es decir, volviendo a la Constitución, uno de aquellos donde no está permitido el derecho de huelga.
Sin embargo, el país lleva unos 40 días con la justicia paralizada. Un paro que se informa a diario en los medios de comunicación, al que han adherido jueces, fiscales, guardias del Inpec, investigadores del CTI de la Fiscalía, que afecta por lo tanto a millones de personas, pero que muchos toman como parte del paisaje de un país donde pareciera que la justicia está irremediablemente postrada.
Casi cada año hay paros judiciales. Se recuerda, por ejemplo, el transcurrido en 2008, entre septiembre y octubre. El de hace un año, 2013, entre noviembre y diciembre, levantado a contados días de iniciar el período de vacaciones de fin de año. El de mediados de este año 2014, y el actual, que sigue sin solucionarse.
Que la rama del poder público que administra el servicio esencial que constituye uno de los tres pilares básicos de un sistema democrático donde existe división de poderes y control en el ejercicio de ellos, funcione no a medias, sino de forma mínima, tiene consecuencias tan graves que genera perplejidad que los más altos poderes del Estado sigan insistiendo en cifras de buen gobierno.
Ayer, no más, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Néstor Humberto Martínez (llamado por muchos “ministro de la Presidencia”, cargo que legalmente no existe), decía en declaraciones a La República que “cuando termine el gobierno de Juan Manuel Santos, en 2018, se habrá hecho una revolución inédita en materia de justicia”. Y agregó una verdadera perla, surgida de su papel de publicista de la acción de gobierno: “hay mayor demanda de justicia, lo que prueba que los colombianos están confiando más en el sistema judicial”. Por si al pretendido “ministro” le hacen falta datos, debe recordársele que según las últimas encuestas de Gallup, el sistema judicial -cosa de la que todos debemos dolernos- tiene el mayor nivel de desprestigio desde que se hacen mediciones de opinión en el país. En el último Gallup Poll (noviembre de 2014) la desfavorabilidad del sistema judicial es del 80 por ciento.
Los sindicatos judiciales enfatizan sus exigencias sobre el personal adicional necesario para los despachos de descongestión. Hay jueces y fiscales con tantos expedientes que no les alcanzaría la vida para evacuarlos. Y hay millones de colombianos con litigios jurídicos sin resolver. Muchos han perdido toda esperanza.
Para acabar de ajustar, en la jurisdicción penal el problema se agudiza con el hacinamiento carcelario, crisis nunca resuelta y sin solución a la vista, con la insostenible situación del Inpec. Viendo la emergencia humanitaria que tal situación genera, no sabremos qué es lo que tiene que pasar para que nuestros poderes públicos abran los ojos y actúen como les corresponde.
