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Más que un paro de los que se han vuelto recurrentes en esta época del año, Colombia enfrenta la parálisis de la justicia. La saturación de los despachos es agobiante y la morosidad no cede.
Dice la Constitución que la administración de justicia es función pública, que “sus actuaciones son permanentes” y que “los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado”. Agrega que “se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia”.
En desarrollo de estos principios constitucionales, la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia (Ley 270 de 1996) consagra el de la justicia como “servicio público esencial”. Es decir, volviendo a la Constitución, uno de aquellos donde no está permitido el derecho de huelga.
Sin embargo, el país lleva unos 40 días con la justicia paralizada. Un paro que se informa a diario en los medios de comunicación, al que han adherido jueces, fiscales, guardias del Inpec, investigadores del CTI de la Fiscalía, que afecta por lo tanto a millones de personas, pero que muchos toman como parte del paisaje de un país donde pareciera que la justicia está irremediablemente postrada.
Casi cada año...