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Colombia puede ser uno de los países con mayor cantidad de normas contra la corrupción, mientras sus indicadores la ubican como una de las naciones menos transparentes. La ley no basta.
El Presidente de la República, acompañado de ministros, parlamentarios, líderes políticos y miembros del comité promotor de la consulta anticorrupción, presentó la semana pasada ante el Congreso de la República un paquete legislativo de ocho proyectos “de lucha contra la corrupción”.
Son ocho proyectos que se unen a los que ya había presentado el Gobierno al inicio mismo de su mandato, el pasado mes, y a las decenas de iniciativas que cursan actualmente en el Congreso. Con estos, ya superan la veintena los proyectos anticorrupción.
¿Tal batería normativa indica que se dotará Colombia, al fin, del entramado constitucional y legal que permita ya no digamos erradicar, pero sí por lo menos contener el que es, sin duda, el mayor obstáculo para el desarrollo -social, económico, ético- del país?
Quien revise el catálogo normativo actual, que suma las leyes y decretos incorporados año a año desde por lo menos la Constitución de 1991, encontrará tan abrumadora cantidad de legislación en materia anticorrupción...