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La comunidad científica argentina atraviesa un momento crítico de su historia. Desde que Javier Milei llegó al poder, los recortes al sistema de ciencia y tecnología han sido profundos. Se han perdido más de 4.000 puestos de trabajo, las renuncias en centros de investigación alcanzan el 33 %, y muchos doctores y científicos han tenido que recurrir a empleos informales o ajenos a su formación para poder subsistir: venden comida, manejan Uber o dictan clases en colegios. La motosierra del presidente, como él mismo la denomina, ha cortado no solo estructuras burocráticas sino también equipos de trabajo, conocimiento acumulado y trayectorias científicas de décadas.
Entre las decisiones más criticadas está la paralización casi total de los programas de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, el congelamiento de la contratación de 850 científicos ya aprobados por la administración anterior, y el desmantelamiento de sistemas básicos para el funcionamiento de laboratorios, como el suministro de insumos y la suscripción a revistas científicas internacionales.
Y tal vez la más sensible ha sido el ataque al Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), una institución clave en la búsqueda de identidad de los nietos desaparecidos durante la dictadura. Fundado en 1987 por presión de las Abuelas de Plaza de Mayo, este biobanco ha sido clave para restituir identidades robadas. Sin embargo, la actual administración ha puesto en duda su continuidad, en lo que muchos interpretan como un intento de reescribir la historia.
El recorte presupuestal también ha golpeado el poder adquisitivo de los investigadores: sus salarios han perdido un 35 % de valor real, en un contexto en el que el costo de vida en Argentina ha subido de forma desproporcionada. Un café en Buenos Aires cuesta hoy más del doble que en Bogotá, y una hora de parqueadero en zonas céntricas puede alcanzar los 4,50 dólares. En las últimas semanas, miles de científicos marcharon usando máscaras de gas inspiradas en una popular serie argentina y portando carteles con una palabra que sintetiza el drama: “cientificidio”.
Pero esta no es toda la historia. Del otro lado, quienes respaldan a Milei argumentan que su cruzada contra la “casta” también incluye a sectores enquistados del sistema científico que, dicen, han operado durante años con escasa rendición de cuentas, poca orientación productiva y un sesgo ideológico notable.
Para Milei, lo urgente es reorientar la ciencia hacia áreas de impacto económico directo. Por eso ha impulsado con entusiasmo el desarrollo de energía nuclear —con la construcción de un nuevo reactor modular— y ha anunciado que Argentina debe convertirse en un polo de producción energética para alimentar la inteligencia artificial. Según su visión, el país tiene la infraestructura, el conocimiento y la capacidad para liderar esta transición, pero necesita liberar recursos de otras áreas menos productivas.
Esta lógica ha llevado también a un cambio de gobernanza: la Agencia Nacional para la Promoción de la Investigación y el Consejo Nacional Científico ahora estarán controlados directamente por una junta administrativa del Ejecutivo, lo que ha encendido las alarmas por la pérdida de autonomía y pluralidad en las decisiones científicas. Sin embargo, sus defensores aseguran que estas reformas permitirán evitar la captura ideológica de la ciencia, fomentar la eficiencia, y vincular el conocimiento a las necesidades reales del país.
Así, Argentina se encuentra ante una dicotomía compleja. Por un lado, el recorte abrupto amenaza con destruir un ecosistema científico que, con altibajos, ha formado talento de nivel internacional, ha contribuido a la memoria histórica y ha generado conocimiento estratégico para la salud, la energía y la sociedad. Por el otro, la falta de control, evaluación y enfoque durante años ha generado zonas de confort, clientelismo académico y un uso poco transparente de los fondos públicos.
El dilema no se resuelve con motosierra ni con resistencia ciega. Argentina necesita una ciencia pública fuerte, pero también necesita eficiencia, prioridad y dirección. La solución no puede ser desmantelar lo construido, sino transformarlo con inteligencia. Reformar sin destruir. Proteger la autonomía científica y al mismo tiempo exigir resultados. Y garantizar que instituciones como el BNDG nunca estén a merced de la coyuntura política.
La ciencia hay que defenderla si realmente es ciencia. Si detrás de ella se esconde ideología no es ciencia ni es nada.
En este punto crítico, Milei tiene la oportunidad de corregir el rumbo. Podría mostrar que su gobierno no le teme al conocimiento, sino que quiere encauzarlo. Pero si continúa tratando a la ciencia como enemigo, corre el riesgo de repetir el error de los autoritarismos que creen que se puede gobernar sin ideas, sin evidencia y sin memoria. Y eso, en el siglo XXI, puede ser un camino corto al fracaso.