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El caso de los pasaportes en Colombia, al mejor estilo de las novelas turcas, parece no tener fin. Cada episodio trae una sorpresa más insólita que la anterior y ahora entró en una fase entre peligrosa y kafkiana. Lo que comenzó como una disputa por un contrato se degeneró en una cadena de errores políticos, improvisaciones y decisiones autoritarias, todo por cuenta de una obsesión personal del presidente Gustavo Petro: sacar del camino, cueste lo que cueste, a la firma Thomas Greg & Sons (TGS).
Llevamos dos años, cuatro cancilleres, una urgencia manifiesta, múltiples renuncias y hasta sanciones disciplinarias, y aún no hay claridad sobre quién ni cómo se garantizará la expedición del pasaporte, un documento básico para la ciudadanía.
El riesgo ya es inminente: en cuestión de semanas podríamos estar frente al colapso del sistema, dejando a millones de colombianos sin posibilidad de viajar legalmente al exterior.
Todo esto ocurre porque, desde el inicio de su mandato, el presidente Petro se propuso deshacer el contrato con TGS, pese a que la firma llevaba 17 años cumpliendo con eficiencia.
No han valido los argumentos sobre la decisión equivocada que tomó el gobierno, ni las advertencias sobre la falta de preparación de la Imprenta Nacional para elaborarlos, ni que todavía no está en firme el contrato con la Casa de Moneda de Portugal, ni el hecho de que los cancilleres han terminado enredados o han tenido que renunciar para no asumir este chicharrón.
Eso es lo que acaba de pasar con Laura Sarabia que decidió dar un paso al costado antes de enfrentar problemas legales e incluso penales. En entrevista dijo que su tiempo en el gobierno había terminado y denunció a Alfredo Saade, el nuevo jefe de Despacho de la Presidencia que usurpó sus funciones en este proceso, por engañar al presidente.
Sarabia no fue la primera ni será la última en caer. Álvaro Leyva, exministro de Relaciones Exteriores, fue destituido e inhabilitado por 10 años por la Procuraduría, tras haber declarado desierto el proceso y luego contratar a dedo, irónicamente, a la misma firma TGS a la que le había cerrado la puerta. Lo mismo ocurrió con José Antonio Salazar, secretario general de la Cancillería, quien intentó devolverle el contrato a esta firma ante el desabastecimiento, pero fue despedido fulminantemente por el Presidente, que lo acusó de “traición”. Y Laura Sarabia terminó atrapada entre la lealtad y las órdenes, optando por no arriesgar su libertad.
Sarabia le comentó al Presidente que se necesitaban por lo menos nueve meses para preparar a la Imprenta y sobre las atribuciones que se estaba tomando Saade. Pero el mandatario, en lugar de respaldar a quien le había sido leal decidió apoyar a un personaje oscuro y sin experiencia. El pulso de los pasaportes lo perdió Sarabia.
Ahora, el “encargo” quedó en manos de Rosa Villavicencio, canciller encargada, y cuya hoja de vida dice que vivió 35 años en España donde creó una ONG de migrantes que solía provocar conflictos a los gobiernos colombianos en Madrid.
Lo que viene será aún más caótico: la Imprenta Nacional no está lista para asumir el reto, como lo ha advertido su mismo sindicato, y los tiempos técnicos hacen inviable una transición ordenada antes de septiembre, cuando termina la vigencia de la urgencia manifiesta.
A esto se suma una decisión tan burda como peligrosa: Saade ordenó, según Sarabia, el retraso deliberado de las citas para pasaporte con el fin de “dosificar” los documentos disponibles en el inventario. La política de sabotaje interno a la prestación de un servicio esencial raya en el sabotaje a la propia institucionalidad.
El episodio hace recordar el descalabro de las basuras en Bogotá. El sistema de recolección funcionaba bien, pero Petro –que parece tener más frases esculpidas en piedra que neuronas– decidió que había que cambiarlo haciendo gala de su mantra: “todo lo privado es malo y lo estatal es lo mejor”. Tal y como ocurrió también con el sistema de salud. Ya sabemos como terminó lo de las basuras, con Bogotá inundada de desechos, y Petro de manera solapada pidiendo ayuda a los privados para salir de esa crisis. Y lo de la salud, lo está padeciendo hoy el país.
Petro no ha sido engañado, como sugiere Sarabia. Por el contrario, actúa con plena conciencia de los riesgos y consecuencias. Su lógica es clara: el funcionario que no acate sus órdenes, por absurdas o ilegales que sean, se va. La institucionalidad es apenas un obstáculo más en su agenda de concentración de poder.
Este no es un problema técnico ni un simple tropiezo burocrático. Es un retrato claro de un gobierno que antepone sus obsesiones ideológicas y sus apetitos de control al bienestar de los colombianos. Y como toda telenovela mal escrita, el final se intuye desastroso.