El crecimiento de la migración venezolana hacia Colombia, y en particular el aumento del flujo en Antioquia, abre un nuevo frente de reflexión y retos para quienes gobernarán, a partir de 2020, el Departamento y sus municipios, en especial los del Valle de Aburrá. Recientes mediciones indican que a esta región han arribado cerca de 116 mil personas, pero la cifra es mayor si se tiene en cuenta el alto número de indocumentados.
Los análisis proyectan que, de continuar la crisis sociopolítica en el vecino país, a finales del año próximo los migrantes en Antioquia serían cerca de 200 mil. Esa comunidad demanda un plan concertado de atención, con líneas claras de presupuesto y acción por parte de las autoridades: en recepción primaria, salud, empleo, educación, control migratorio e integración social y cultural.
Aunque la estructura estatal de Medellín, Bello, Itagüí, Envigado y municipios cercanos como Rionegro, ha mostrado capacidad de respuesta, es cada vez más inaplazable que se conforme un Comité Departamental que defina políticas y coordine la atención de corto, mediano y largo plazos para esos nuevos pobladores que arriban en condiciones evidentes de emergencia y vulnerabilidad.
Un reciente estudio de la Universidad de Medellín refleja que aunque en Antioquia 78 de cada 100 encuestados no se molestan con la presencia de los migrantes, sí perciben que su llegada impactó, aumentó la informalidad laboral (lo cree el 90 % de los consultados), la delincuencia (80 %), la prostitución (79 %) y la indigencia (77 %).
El último aspecto se acentúa con la imagen de los migrantes que piden alguna ayuda económica o en especie en semáforos, esquinas y centros de actividad comercial y alto flujo de peatones.
Ya hemos advertido sobre la importancia de que las ayudas se canalicen y se suministren de manera ordenada por instituciones públicas y privadas con experiencia en atención humanitaria y social, para evitar que se dilapiden recursos y donaciones, y sobre todo para que no se explote a población vulnerable en fenómenos de mendicidad: niños, mujeres en embarazo, discapacitados, ancianos y enfermos.
De ahí la importancia de que exista una estructura regional que integre y coordine a las agencias gubernamentales y las ONG emparentadas con la asistencia de coyuntura, pero también con estrategias de legalización, normalización e integración de los venezolanos en la vida productiva, social y cultural de Antioquia y del país.
El Gobierno Nacional ha enviado un mensaje claro de no rechazo ni marginación ni estigmatización de los migrantes. La solidaridad y la comprensión ante la crisis venezolana son necesarias para neutralizar cualquier brote de xenofobia y aporofobia (fobia a la población pobre y desfavorecida). Por eso urge un plan que minimice los traumatismos propios de esta migración sostenida y masiva.
Atender el pedido de los investigadores de la Unesco sobre migración, desarrollo y derechos humanos, para que “el migrante no sea visto como un enemigo”, depende en gran medida de que haya gobiernos (en este caso a nivel regional y municipal) capaces de amortiguar el impacto de los migrantes en problemas incluso preexistentes, y para buscar que ese flujo extraordinario se convierta en una oportunidad de riqueza y crecimiento humano, y no en foco de intolerancia, conflictos y depresión.
Por ahora, la migración es una realidad creciente. Las propuestas y programas de un gobierno y una sociedad precavidos también deben serlo.
