Pico y Placa Medellín
viernes
2 y 8
2 y 8
La Organización de Naciones Unidas (ONU) y el gobierno mexicano están enfrascados en una discusión semántica de profundo calado. El organismo internacional emitió una resolución en la que afirma que la desaparición forzada en México es “sistemática y generalizada” y Claudia Sheinbaum ha movido todo el aparato político para rechazar tajantemente tal afirmación.
Se trata de un informe sobre desaparecidos que la ONU publica diez años después de haber entregado cientos de recomendaciones sobre este asunto al Estado mexicano. El Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU ha decidido llevar el caso de México a la Asamblea General porque, para ellos, desaparecer en México está más cerca de ser la normalidad que un caso aislado. La reacción oficial de México ha sido contundente: califican el documento como falto de rigor jurídico, tendencioso, parcial y sesgado.
La CED concluyó que tiene indicios bien fundados de que las desapariciones en México reúnen elementos que podrían configurar crímenes de lesa humanidad. Y asegura que en muchos casos hay participación directa o tolerancia por parte de las autoridades en distintos niveles de gobierno. Si bien el análisis considera que el asunto se agravó durante la “guerra contra el narcotráfico” que comenzó en 2006, durante el Gobierno del conservador Felipe Calderón, es explícito en decir que lo que siguió en los gobiernos que llegaron después, hasta el de la presidenta Sheinbaum, fue un agravamiento constante: solo entre 2023 y 2025 se contabilizaron 28.880 nuevas desapariciones. A lo que se suma un sistema forense colapsado, con más de 72.000 cuerpos sin identificar y la proliferación de fosas clandestinas, que para la ONU solo significan impunidad.
El análisis sitúa el agravamiento del fenómeno en el contexto de la “guerra contra el narcotráfico” iniciada en 2006 (en el Gobierno del conservador Felipe Calderón), y registra un repunte sostenido reciente: solo entre 2023 y 2025 se contabilizaron 28.880 nuevas desapariciones. Ya van más de 130.000 desaparecidos, cifra a la que se suma un escenario forense colapsado, con más de 72.000 cuerpos sin identificar y la proliferación de fosas clandestinas, indicadores que, para este comité de la ONU, refuerzan la existencia de patrones estructurales de impunidad.
La reacción de Sheinbaum no se hizo esperar. El gobierno mexicano calificó el documento como “tendencioso”, con falta de “rigor jurídico”, “parcial” y “sesgado”, en un rechazo frontal que revela tanto una disputa semántica como un desacuerdo de fondo sobre la naturaleza de la crisis. Toda la plana mayor del gobierno y docenas de actores políticos afines a este, han dado un paso al frente para rechazar esas conclusiones. Su argumento es que el informe se centra en periodos pasados e ignora los avances que se han hecho desde el 2019, de manera que, a su juicio, lo que sostiene no refleja la realidad actual.
La tensión que se ha desatado entre las partes enfrentadas se debe a que están haciendo dos lecturas de una misma realidad. El concepto que genera mayor fricción es el de “aquiescencia” o “tolerancia”. Para el comité de la ONU no es necesario que agentes estatales ejecuten directamente las desapariciones para que exista responsabilidad internacional. Basta con que el Estado, teniendo conocimiento de patrones recurrentes, omita adoptar medidas efectivas para prevenirlos, investigarlos o localizar a las víctimas.
Pero lo que Claudia Sheinbaum cuestiona es por qué no hay un reconocimiento de ese Comité de expertos a lo que ha hecho el Gobierno de México. Ella defiende que están actuando, que no están de brazos cruzados, que acompañan a las víctimas y que la situación les importa mucho. Pero la realidad es que México tiene una situación muy grave de desapariciones –el promedio de 40 diarias en los últimos dos años es una cifra alarmante–, y aunque se han hecho esfuerzos, la situación sigue siendo inmanejable. Hablar de una política de prevención y erradicación es aún más complejo, porque si bien existe una legislación ejemplar, esta no opera en la realidad.
El caso es que esta discusión que se ha tornado política, y que seguro se va a resolver así cuando se plantee en la Asamblea de la ONU, a veces parece dejar en segundo lugar a las víctimas, que deberían ser la prioridad. Mientras las dos partes defienden con ahínco sus posturas, cientos de miles de familiares deambulan por la maraña burocrática sin encontrar aún respuesta. Y las desapariciones continúan.