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Pocas instituciones son tan poco visibles en la vida diaria de la gente, y al mismo tiempo tan decisivas para el bolsillo de los ciudadanos, como los bancos centrales. La Constitución de 1991 creó el Banco de la República independiente, no por un capricho ni una concesión a la “oligarquía”: hay un consenso mayoritario en todo el mundo que es la fórmula para mantener equilibrada la macroeconomía de un país.
Cada nación tiene un banco central que opera como un ancla que impide que la economía naufrague cada vez que la marea política sube. En tiempos tranquilos nadie la ve, ni se da cuenta que existe, pero cuando hay tormenta todos agradecen que esté para evitar que el barco se vuelque.
Los países cuyos bancos centrales pueden tomar decisiones con criterio técnico, sin tener que responder a los cálculos electorales del gobierno, evitan que los precios de los productos se disparen y por ende tienen inflaciones más bajas y monedas más estables.
De esa manera, protegen el bolsillo de los ciudadanos frente al más regresivo de los impuestos: la inflación, que golpea con especial virulencia a los más vulnerables. El tendero que ve cómo se reducen sus márgenes de ganancia, la familia que compra menos con el mismo salario, el pensionado que descubre que su mesada ya no alcanza: todos son víctimas anónimas cuando el poder político somete al banco central.
Los estudios son contundentes en ratificar que el camino que ha seguido Colombia desde la Constitución del 91 es el adecuado. Y que el camino que pretende tomar Petro termina siendo el peor para los bolsillos de todos.
Davide Romelli, profesor del Trinity College de Dublín, documentó que en un siglo (entre 1923 y 2023), en 155 países hubo 370 reformas legales a los bancos centrales: 279 aumentaron su independencia y apenas 91 la redujeron. La tendencia, pese al ruido populista de los últimos años, sigue siendo global: la clave es más autonomía, no menos. Ningún país ha mejorado su desempeño macroeconómico cortándole las alas a su banco central.
Cuando ese camino se tuerce, el efecto es trágico. El caso más reciente es el de Turquía. Al presidente Erdogan, apremiado por la inflación al alza, se le ocurrió que si bajaban las tasas de interés harían caer la inflación —algo parecido a lo que sostuvo Gustavo Petro hace poco– y, tras despedir a un directivo que no estuvo de acuerdo, obligó a bajarlas del 19% al 14%.
El resultado fue que la lira se convirtió en la moneda más depreciada del mundo y la inflación superó el 85%. Para un turco de clase media eso significó ver sus ahorros reducidos a la mitad en menos de un año, pagar el doble por los alimentos básicos y ver cómo el crédito —cuando existía— se volvía impagable.
Con toda razón dos de los miembros del Banco de la República que ha puesto Petro, ambas mujeres, no le caminan a esa tesis. Tienen claro el daño que puede hacer el populismo.
Argentina es el caso más doloroso y cercano. Durante décadas, el kirchnerismo usó al Banco Central como caja del Gobierno Nacional. Cuando el Ejecutivo necesitaba plata, y no tenía de donde sacarla, daba la orden de imprimir billetes. Y cuando el entonces presidente del banco, Martín Redrado, se negó a entregar reservas para pagar deuda en 2010, el Gobierno lo removió sin más. Dos años después, una reforma terminó de someter al banco central al poder político. El desenlace fue una inflación superior al 200%, que Javier Milei recibió en 2023.
Y está también el caso de nuestro vecino Brasil. Bastaron los ataques verbales de Lula da Silva contra el entonces presidente del Banco Central, Roberto Campos Neto —a quien llegó a llamar “adversario”— para que el real se convirtiera en una de las peores monedas de 2024 y el Banco Central tuviera que subir las tasas al 12,25% mientras el resto del mundo las recortaba.
El mensaje de Brasil es tal vez el más relevante para Colombia, porque ilustra que la credibilidad no se pierde el día en que se cambian las reglas, sino el día en que se siembra la duda de que podrían cambiarse. Un estudio reciente, basado en datos de alta frecuencia del mercado de predicciones, confirma que los mensajes de un presidente pesan mucho más que un simple trino en X: los ataques verbales de Donald Trump contra la Reserva Federal ya se traducen, en tiempo real, en expectativas de tasas de largo plazo más altas y mayor riesgo percibido de recesión. Si eso ocurre en la economía más poderosa del mundo, con un dólar que sigue siendo moneda de reserva global, ¿qué no podría ocurrir en una economía emergente como la colombiana, con un peso vulnerable y una posición fiscal deteriorada por el manejo irresponsable de este gobierno?
Y allí es, precisamente, a donde parece querer llevarnos el presidente Gustavo Petro. La institucionalidad económica colombiana —un Plan Nacional de Desarrollo aprobado por el Congreso, una regla fiscal con fuerza de ley y un Banco de la República independiente— fue diseñada para evitar que una sola persona, el Presidente, concentre todo el poder. Cada pieza ha sido atacada o tildada de “perversa” por Petro cuando no lo “obedecen”, y el Banco de la República es la última gran barrera que ha sabido resistir. Los ataques descarados de Petro a la junta, la ruptura pública del ministro de Hacienda tras la última subida de tasas y las insinuaciones sobre ajustar su composición cumplen el mismo guión que antes siguieron Erdogan o los Kirchner.