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Hay nombramientos que no necesitan explicación: se explican solos, y lo que revelan es devastador. El del exalcalde Daniel Quintero como superintendente de Salud es uno de ellos.
Quintero no tiene gran experiencia en el sector salud ni formación como administrador. Lo que sí tiene es un prontuario que haría ruborizar a cualquier gobierno que se pretenda ético: sobre el equipo que él armó para gobernar a Medellín pesan 55 investigaciones e imputaciones en la Fiscalía por presuntos hechos de corrupción durante su paso por la Alcaldía. No es un funcionario cuestionado. Es el director de orquesta del más grande presunto concierto para delinquir de los últimos años en Colombia.
Si bien aún no se ha hecho efectivo el decreto que lo nombra –por ahora solo Presidencia publicó su hoja de vida para ocupar ese cargo– el imputado Quintero llega a vigilar el sector que él mismo demostró ser incapaz de cuidar.
Durante su alcaldía, las denuncias sobre presunta corrupción en el Hospital General de Medellín se acumularon mientras él miraba para otro lado. Al término de su período, el hospital estaba con varios servicios inoperantes y su director enfrentaba múltiples investigaciones por irregularidades contractuales, acoso laboral y negligencia médica. La alcaldía que lo sucedió, la de Federico Gutiérrez, necesitó más de 80.000 millones de pesos para sacar a flote a Metrosalud. Ese es el legado del hombre que Petro acaba de poner a vigilar la atención en salud de 52 millones de colombianos.
En la Clínica de La 80 se invirtieron 23.744 millones de pesos de recursos públicos y posteriormente fue vendida por casi la mitad de esa cifra, en condiciones de favorabilidad para los compradores que hoy investigan los organismos de control. ¿Y este es el hombre llamado a combatir la corrupción en el sistema de salud?
El cinismo del nombramiento solo es comparable con la desfachatez con que el propio Quintero lo anunció. Su primera reacción no fue un plan de trabajo ni un diagnóstico del sector: fue un ataque. Prometió “desmantelar el cartel de la salud que el uribismo y los neoliberales armaron para robarse la plata de los colombianos”. Es la vieja artimaña del populismo: gobernar con el dedo acusador apuntando hacia afuera mientras la casa propia arde.
El nombramiento coincide además con su citación a juicio por el caso Aguas Vivas, el proceso penal más importante que descansa directamente sobre sus hombros, relacionado con supuestas irregularidades en la gestión de un lote por el cual quería pagar cerca de 50.000 millones de pesos cuando había estado avaluado en unos 2.000 millones de pesos. El alcalde Federico Gutiérrez ha sido explícito: Quintero habría pedido ese cargo para tratar de tapar los casos de corrupción de su propia administración. Si la hipótesis es correcta, estamos ante algo más grave que una mala decisión: estamos ante el uso del Estado como escudo judicial.
El cargo de Superintendente de Salud es hoy por hoy uno de los más poderosos del país, con más recursos y más puestos para poner a disposición. Hoy la Superintendencia es la responsable final de las EPS intervenidas, incluida la Nueva EPS, es decir, estamos hablando de que por interpuestas personas –los interventores– manejará los recursos de la atención en salud de cerca de 23 millones de colombianos.
Y tiene además en sus manos el garrote de las investigaciones y sanciones, que bien utilizadas son fundamentales para que el sistema de salud funcione, pero en manos de alguien falto de escrúpulos y con intereses electorales puede llegar a ser catastrófico.
Como superintendente, Quintero tendría la facultad de ordenar intervenciones forzosas o liquidar EPS, fortalecer la supervisión a las entidades del sector y, en teoría, combatir la corrupción. Que alguien con ese expediente tenga esas atribuciones no es una paradoja: es una amenaza.
Poner los recursos de la salud bajo la supervisión de un funcionario imputado, en los últimos cien días de un gobierno que ya destruyó el sistema de salud con su fallida reforma, es una movida desesperada de Petro, es una provocación al país.
La designación de Daniel Quintero como superintendente de Salud es la radiografía más clara del actual gobierno. Un gobierno que llegó hablando de “revolución ética” y se va dejando a un imputado al frente del sistema de salud más golpeado en décadas.
El mensaje que se envía es preocupante: en lugar de fortalecer la institucionalidad, se normaliza la idea de que los cargos públicos pueden convertirse en refugio de figuras cuestionadas o en instrumentos de retaliación política. En Antioquia, donde la relación entre el Gobierno Nacional y las autoridades regionales ya es tensa, este nombramiento se percibe además como una provocación innecesaria que profundiza la desconfianza.
Lo que Petro acaba de hacer no es un error de juicio. Es una declaración de principios. Y esa declaración dice, con toda la claridad que el cinismo puede producir, que en este gobierno los leales se premian, los imputados se protegen y los colombianos que esperan un medicamento o una cirugía pueden seguir esperando.
El nombramiento de Quintero ha desatado una tormenta política, incluso dentro de la propia izquierda, pero sobre todo plantea una pregunta de fondo sobre el rumbo ético y técnico del Gobierno: ¿puede confiarse la vigilancia de uno de los sistemas más sensibles del país a una figura rodeada de cuestionamientos y sin experiencia en el sector?