Luego de muchos años de estigmatización como ciudad generadora de violencia, y de llegar a ser conocida mundialmente como centro del más violento cartel del narcotráfico y sitio de operación del sicariato a su servicio, Medellín inició un camino de recuperación y mirada hacia el futuro, con proyectos de largo alcance que cambiaron buena parte de la cara negativa de la ciudad.
El esfuerzo público y privado ha sido enorme, los resultados notables en múltiples aspectos, y se ha contado siempre con el fuerte sentimiento de pertenencia de los habitantes de la ciudad, que cansados de señalamientos empujaron también los factores de cambio, al punto de ser muchas veces impermeables a las críticas incluso las constructivas, máxime si vienen de afuera.
Esa reticencia a que los asuntos menos amables de la ciudad sean señalados cuando sea oportuno no trae mayores beneficios, sino que implica un alejamiento de la realidad que no sirve para seguir avanzando como se debe. Y es necesario que la ciudad sepa, y al saberlo no lo minimice, que el desafío de la macroestructura criminal -la sumatoria de los diversos sectores que la controlan y se reparten áreas de acción- sigue siendo una enorme losa que no permite que Medellín pueda proclamar su definitivo ingreso a las ciudades que disfrutan de una vida normal.
Desde la gestión pública, puede incluso que en algunos períodos se haya optado por enfocarse en una gestión destacable en servicios públicos, equipamiento urbano, políticas sociales y asistencialistas, infraestructura y promoción cultural. Dejando de lado el combate a la criminalidad a gran escala, aquella que atenaza comunas enteras de la ciudad. Esa ha sido la decisión de algunos alcaldes, y ese resignamiento de la responsabilidad del manejo de la seguridad la hicieron en paralelo a una gran divulgación propagandística que, con el resplandor de las grandes obras, apagaba los ecos de las comunidades azotadas por las bandas delincuenciales.
Llega el momento en que esa separación de responsabilidades no es posible. El actual alcalde, Federico Gutiérrez, lo entendió así, y en la medida de sus posibilidades ha intentado asumir el papel que le corresponde al jefe de la administración municipal para contrarrestar el dominio criminal en amplios sectores del territorio que él gobierna y que los ciudadanos habitamos y en muchos casos padecemos.
Pero un alcalde solo no puede enfrentar con eficacia una superestructura que en tantos aspectos funciona como paraestado. Con él tienen que ir por los mismos rieles de la legalidad los poderes públicos, empezando por la justicia (la Fiscalía, ante todo), las agencias de inteligencia, las Fuerzas Militares y la Policía, y por supuesto la ciudadanía. Contra un alcalde solo, las bandas criminales tienen capacidad de hacer enorme daño. Contra un poder estatal eficaz, actuando con criterios unificados y ejecutando políticas y programas de combate decidido contra el crimen, a esas organizaciones les quedará mejor el sometimiento a la justicia.
Las amenazas contra el alcalde de Medellín son muy graves, pero lo es más la posibilidad de que se ejecuten, pues la capacidad criminal para hacerlo es real. Cuánto anhela la ciudadanía que se asegure que la actuación de las fuerzas policiales y de seguridad remen todas para el lado de la legalidad y la institucionalidad. El apoyo a un liderazgo en seguridad pública no es para inflar protagonismos, sino para asegurar una aceptable y digna calidad de vida para los habitantes de Medellín.
