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El presidente Gustavo Petro ya no necesita que la oposición ponga en evidencia el desastre que ha creado su gobierno con la salud de los colombianos: él mismo se encargó de escribir el expediente para dictar su condena.
Dijo textualmente y ante las cámaras de televisión que su gobierno “se tiró como un año” del sistema de salud porque puso a politiqueros a manejar las EPS. Y aún peor, según Petro, esos funcionarios se dedicaron a hacer negocios con la plata de la salud. Su propósito no era reconocer la culpa, sino acusar a Laura Sarabia, hasta hace poco su mano derecha, de haber ocupado esos puestos con personas poco idóneas.
Petro, cuando asumió la Presidencia, tenía decidido estatizar la salud. Eso significaba acabar con un sistema creado hace 35 años que logró un aseguramiento del 98% de la población y, según la encuesta de hogares, era calificado como bueno o muy bueno por el 85% de los colombianos.
Como el Congreso no le aprobó la reforma, el gobierno se tomó a la fuerza el sistema, con la intervención de cerca de diez EPS entre ellas las más grandes como Sanitas –que ahora debe ser devuelta a sus dueños por fallo judicial– y la Nueva EPS. El Gobierno quedó manejando más de 30 millones de usuarios, es decir, más del 60% de los afiliados al sector salud.
La intervención ha sido un fracaso total. El equipo de Petro cambió gerentes con experiencia por cuotas políticas. Como lo reconoció el mandatario en uno de sus erráticos discursos de la semana pasada. Petro le reclamó al ex superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, que se encontraba entre el público: “Usted se dejó engañar, y le entregaron unas hojas de vida, que no fui yo, Laura (Sarabia). Y se tiró como un año la intervención y la reforma a la salud”. Y para completar, el Presidente mencionó que esos interventores llegaron a hacer “business” con el sistema de salud.
Laura Sarabia, a pesar de las graves acusaciones de Petro en su contra, asumió este lunes como embajadora de Colombia ante el Reino Unido. Recibió el beneplácito del propio rey Carlos, muy tiesa y muy maja, llegó en su carroza, como si se tratara de un cuento de hadas. Sin duda, un capítulo de esa realidad paralela que le ha tocado vivir a Colombia durante el mandato Petro. Sarabia, la flamante embajadora, se dio el lujo de desmentir al Presidente y dijo que no participó en el nombramiento de interventores y que eso lo sabían bien Petro y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.
Y mientras el Presidente y su embajadora se echan culpas vemos como se han triplicado las quejas por la falta de medicamentos y la inadecuada prestación de servicios y como las clínicas y hospitales afrontan la mayor crisis financiera de los últimos 30 años.
El Gobierno recoge los recursos que los colombianos cotizan para la salud, pero a la hora de girar a las EPS, se ha negado a hacer los aumentos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que le ha ordenado la Corte Constitucional.
Como el Gobierno no gira lo suficiente, las EPS no le pueden pagar a las clínicas, estas no tienen con qué pagarles a los médicos, se terminan cerrando centros de atención, se congestionan las otras clínicas, a los enfermos ya no los atienden, no hay medicamentos, y de esa manera con un chasquido de dedos se materializó el chuchuchú que Petro anunció en sus primeros días como Jefe de Estado.
El Gobierno tiene plata para la salud pero, en su profunda animadversión por el sistema, ha decidido hacerse el de la vista gorda con los enfermos y destina billones de pesos a un rubro que se denomina “programas de desarrollo de la salud” de los cuales no rinde cuentas al país. De igual manera, los llamados Equipos Básicos de Salud, su gran apuesta preventiva, han recibido más de $8 billones, pero no hay rastro público claro de cómo se usaron. La herramienta virtual para hacerle seguimiento al programa estuvo meses fuera de servicio. ¿Coincidencia? No lo parece.
Las cifras demuestran cómo está destruyendo el gobierno Petro a la Nueva EPS: de un patrimonio positivo de $585.209 millones en 2022 se pasó a uno negativo de $6,95 billones en 2025 y podría llegar a menos $9,1 billones. Sus deudas se han multiplicado por cuatro, debe $21,3 millones. Eso es insostenible.
La Nueva EPS ha tenido cinco administradores puestos por el gobierno en tan solo 22 meses: Aldo Cadena, amigo de Petro y quien duró solo dos meses; Julio Alberto Rincón, quien salió a los pocos meses por no reportar estados financieros; Bernardo Armando Camacho, Gloria Polanía y Luis Óscar Galvez. Un despelote total para una empresa que debe garantizar la atención en salud a 11 millones de colombianos.
Alguien tiene que responder. ¿Dónde está la plata? ¿Quién se ha lucrado y ha hecho negocios? ¿por qué nadie está en la cárcel ante semejante descalabro?
La historia no juzgará a Petro por lo que prometió, sino por lo que destruyó. Las pruebas están sobre la mesa. Y ya nadie puede fingir que no las vio.