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Tras el triunfo de Abelardo de la Espriella sobre Iván Cepeda no son pocos los que han salido a interpretar el resultado como un fenómeno geométrico, según el cual el país quedó partido en dos mitades –como una naranja, dicen–: la derecha y la izquierda. Sin embargo, puede terminar siendo una lectura simplista de la complejidad profunda de nuestro país.
Colombia ha cambiado varias veces su manera de nombrar las diferencias, pero nunca ha logrado transformar lo que realmente la divide. En el siglo XIX la dicotomía era entre “liberales” y “conservadores”, una fractura marcada por las convicciones con respecto a la iglesia católica, la pelea por la tierra y el modelo centralista o federalista.
Después del Frente Nacional, la disputa fue entre “partidos tradicionales” y “fuerzas alternativas”. Y recientemente se habla de “izquierda” y “derecha”, dos conceptos importados que no han terminado de calzar del todo en un país sin revolución industrial propia ni proletariado urbano clásico.
Esa clasificación entre izquierda y derecha se queda corta para explicar cómo se distribuyó realmente el voto en el territorio. La estrecha victoria de Abelardo de la Espriella, por 250.830 votos, parece responder menos a una división ideológica que a una fractura más antigua: la del centro contra la periferia, los territorios donde el Estado ha logrado consolidarse y aquellos donde sigue siendo débil o inexistente.
Esa es, precisamente, la tesis de los ganadores del Nobel Daron Acemoglu y James Robinson en Por qué fracasan las naciones. Según los autores, el centralismo de Colombia le impide controlar todo el territorio. De esa ausencia de Estado no es casual que hayan florecido el narcotráfico, el paramilitarismo y la guerrilla.
La fórmula que usan es casi un diagnóstico anticipado de cualquier mapa electoral colombiano: en algunas regiones las instituciones funcionan razonablemente bien, mientras que en otras muestran un grado mínimo de autoridad estatal. No es la geografía la que condena a esas regiones —los Andes partidos en tres cordilleras, dos océanos y un pedazo de Amazonía no son un destino—. Es la decisión histórica de gobernar el país desde un centro que nunca se propuso, en serio, llegar hasta el final del mapa.
El resultado de esta elección, leído sin el lente ideológico, calca esa frontera. Abelardo arrasó en Antioquia —más de un millón de votos netos de ventaja, una cifra que por sí sola supera todo su margen nacional—, en los Santanderes, en Boyacá, el Eje Cafetero, el Tolima y el Huila: la columna vertebral andina, el corredor donde el Estado, con todas sus fallas, opera con cierta normalidad. Cepeda, en cambio, ganó con cifras que en cualquier otro país serían escandalosas por su contundencia: en torno al 77% en Nariño y Cauca, más del 82% en el Chocó, el Valle por encima del 62%. Es el litoral, la frontera selvática, el río: la Colombia que la tesis de Acemoglu y Robinson describe con precisión incómoda, la de territorios donde históricamente el Estado ha tenido mayores dificultades para ejercer plenamente su autoridad.
El margen que el Estado nunca terminó de gobernar es, casi siempre, el margen donde manda otro. Y aquí aparece el dato que confirma la tesis de Acemoglu y Robinson con una nitidez casi quirúrgica: en el corazón mismo del feudo de Abelardo —Antioquia, donde se impuso con 54,43% del departamento y de cuyos más de dos millones de votos surgió la ventaja neta de un millón que ya mencionamos— hubo una excepción que es, en realidad, la regla. En Urabá, el Nordeste y el Bajo Cauca, históricamente disputadas por estructuras armadas ilegales, Cepeda ganó. No es casualidad que se trate de franjas donde el Clan del Golfo, disidencias y economías ilícitas ejercen control territorial.
Ese patrón se repite, con otro signo, en el extremo opuesto del mapa: las llamadas “mesas atípicas” de la segunda vuelta, unas 485 concentradas en el Pacífico, en municipios con fuerte presencia de disidencias de las Farc y el Eln, donde Cepeda obtuvo el 100% de los votos —unos 55.000 sufragios—. Es una cifra pequeña frente al total nacional, pero ilustrativa: allí donde el monopolio legítimo de la violencia, esa vieja fórmula weberiana del Estado moderno, no es del Estado, el resultado electoral tiende a parecerse sospechosamente al monopolio de las armas, sea cual sea su bandera ideológica. La pregunta que debería incomodarnos no es solo “quién ganó esa mesa”, sino “quién controla esa mesa antes de que se abra”.
Y hay una tercera figura, menos estridente que el fusil pero igual de eficaz, que ayuda a explicar por qué esa periferia vota como vota: allí donde al Estado le ha costado tanto trabajo construir una carretera, un acueducto o un título de propiedad, una oferta como la de Petro —subsidios directos, contratos, giros a las juntas de acción comunal y a las comunidades indígenas para construir placa huellas— no compite con un proyecto de desarrollo de largo plazo, porque ese proyecto, para esas regiones, nunca llegó a existir en la práctica. No hace falta convicción ideológica para que el giro mensual de Renta Ciudadana resulte más persuasivo que la promesa abstracta de “libertad económica” en un territorio donde la economía formal apenas tiene huella.
Puede que ese sea el verdadero mapa político de Colombia. No el de los partidos ni el de las ideologías, sino el de la presencia y la ausencia del Estado. Allí donde primero llega la institución, florece una ciudadanía con mayores oportunidades de prosperar. Allí donde se demora, alguien ocupa su lugar: unas veces un grupo armado, otras una red clientelista, otras la dependencia de un subsidio.
Colombia lleva dos siglos cambiándole el nombre a esa misma grieta —liberales y conservadores, tradicionales y alternativos, izquierda y derecha— sin advertir que el país no es que sea una naranja partida en dos, sino un mapa que, después de doscientos años de República, todavía no hemos terminado de construir.