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No ha pasado una semana desde que Abelardo de la Espriella asumió la Presidencia y su gobierno ya tuvo que cambiar de libreto. El terremoto le puso, en cuestión de segundos, un desafío que otros mandatarios no enfrentan durante todo un periodo. Si el Presidente llegó el 7 de agosto con sus prioridades claras, la tragedia lo obliga a volver a hacer cuentas, revisar promesas y, literalmente, barajar de nuevo.
Las imágenes son cada día más dolorosas. La cifra de fallecidos confirmados pasa ya de los 250, más de 100 edificios se desplomaron y unas 2.000 edificaciones resultaron afectadas en el Valle y el Eje Cafetero. Detrás de cada número hay miles de personas que necesitan ayuda inmediata, pero también colombianos que tendrán que ser parte de una reconstrucción que demandará recursos billonarios durante años.
Colombia no parte de cero. Ya ha tenido que reconstruirse después de grandes tragedias y conserva dos experiencias que conviene estudiar: el Forec, creado durante el gobierno de Andrés Pastrana después del terremoto del Eje Cafetero, y el Fondo Adaptación, puesto en marcha durante el gobierno de Juan Manuel Santos tras la emergencia invernal de 2010.
Aunque estuvieron inspirados por propósitos similares e incluso el segundo recogió elementos del primero, sus resultados ofrecen lecciones distintas. El Forec terminó convertido en referente de reconstrucción. Buena parte de sus resultados se puede ver en Armenia, donde las edificaciones levantadas bajo nuevas normas de sismorresistencia soportaron mejor este terremoto que construcciones de otras ciudades.
El Fondo Adaptación tuvo un buen comienzo, pero con el paso del tiempo, cuando la participación empresarial y técnica fue perdiendo terreno frente a la burocracia y la política, sus resultados se fueron diluyendo. La experiencia deja una primera lección para el Gobierno: tan importante como conseguir recursos será diseñar una institucionalidad capaz de gastarlos rápido, bien y con transparencia.
Todavía estamos en la fase más angustiosa: rescatar vidas. Al alcalde de Cali se le quebraba la voz ayer mientras contaba el rescate de una de las últimas sobrevivientes. Advertía, con mezcla de afán y preocupación, que quedaban 24 horas críticas para encontrar más personas con vida, porque después de las primeras 72 horas, que se cumplen este jueves a las 7:34 de la mañana, las posibilidades disminuyen considerablemente. La gobernadora del Chocó ya dio por terminada la búsqueda de víctimas en su departamento que, pese a haber sido el epicentro del terremoto, sufrió menos daños que Valle y Risaralda.
Pero mientras los socorristas siguen buscando sobrevivientes, el Estado tiene que empezar a preparar la siguiente etapa. Viene la evaluación de daños, que ya se anticipan monumentales, y la definición de una ruta para reconstruir viviendas, hospitales, colegios, carreteras, puentes, acueductos y demás infraestructura destruida.
Y allí comienza el enorme problema fiscal. La tragedia llega en uno de los peores momentos posibles para las finanzas públicas. El nuevo gobierno recibió cuentas exhaustas: un déficit que podría acercarse al 8% del PIB, un margen de endeudamiento estrecho y obligaciones billonarias pendientes en salud, energía y otros sectores. Sobre unas cuentas que ya obligaban a un severo ajuste acaba de caer ahora el costo gigantesco de la reconstrucción.
Reconstruir las regiones devastadas no estaba entre las promesas que De la Espriella hizo en la campaña, pero acaba de convertirse, por mandato de la realidad, en una de sus principales obligaciones.
Gobernar también consiste en saber renunciar. El Presidente tendrá que decidir cuáles de las promesas con las que llegó a la Casa de Nariño siguen siendo posibles, cuáles tendrán que reducirse y cuáles deberán esperar. Después del lunes cambió la jerarquía de las urgencias nacionales.
Munir Jalil, jefe de investigaciones económicas de BTG Pactual, estima en unos $20 billones, cerca de un punto del PIB, los recursos que podrían necesitarse como cuota inicial para comenzar la reconstrucción.
Y eso sería el comienzo. El terremoto pondrá a prueba una de las principales promesas económicas del nuevo gobierno: no aumentar impuestos. Hace apenas unos días anunció que eliminaría el impuesto al patrimonio. Hoy esa promesa resulta más difícil de sostener.
Hasta ahora la respuesta institucional ha sido rápida; anunció la emergencia económica, suspendió temporalmente el pago de servicios públicos en regiones afectadas y aplazó hasta el 27 de octubre la presentación y pago de declaraciones de renta de sus habitantes.
Comenzó conversaciones con organismos multilaterales que han mostrado disposición a movilizar créditos y recursos por más de 1.000 millones de dólares. Son decisiones necesarias. Pero la verdadera prueba apenas comienza.
El Gobierno ya le pidió al Congreso devolver el proyecto de presupuesto presentado por la administración anterior para introducir los ajustes que exige la nueva realidad. Y el recorte de $20 billones en gasto burocrático e ineficiente anunciado el 7 de agosto dejó de ser una promesa de austeridad para convertirse en una necesidad urgente.
El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, prepara una reforma tributaria encaminada a reducir la evasión y hacer más eficiente el recaudo. Esa discusión adquiere ahora una urgencia diferente. Pero el desafío no será solamente conseguir plata. Será gastarla bien.
Las tragedias suelen abrir dos puertas al tiempo: la de la solidaridad y la del oportunismo. Por eso la reconstrucción necesita desde el comienzo reglas especiales de transparencia, vigilancia ciudadana, participación empresarial y controles capaces de impedir que los recursos destinados a levantar pueblos terminen alimentando burocracias, contratos innecesarios o redes políticas. Allí está quizá la principal lección que dejaron el Forec y el Fondo Adaptación.
El talante de los gobiernos se conoce cuando la realidad destruye sus planes. De la Espriella llegó a la Presidencia con un programa, unas prioridades y unas promesas. Cinco días después, la tierra le cambió las cartas. Ahora tendrá que decidir qué aplazar, qué recortar, dónde conseguir recursos y, sobre todo, cómo garantizar que cada peso destinado a la reconstrucción llegue realmente a quienes perdieron sus casas, sus negocios y sus pueblos.
Toca barajar de nuevo. Y jugarla bien.