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El domingo ocurrieron en Bogotá unos desmanes que muy rápidamente ocuparon titulares en todas las plataformas de información. En medio de unas protestas violentas, en las que incluso fue atacado a piedra el carro del Director General de la Policía, el viceministro del interior Gustavo García apareció y aparentemente hizo liberar a un grupo de jóvenes que habían sido capturados. Que un hecho como este (que si bien es grave no tiene la magnitud que suelen tener otros en nuestro trajín noticioso) haya ocupado tan rápidamente las primeras planas es evidencia de algo: los colombianos tenemos las alarmas encendidas ante lo que ya pinta como una política generalizada de favorecimiento al delito y al terrorismo.
El viceministro García negó haber intermediado para las liberaciones, y aseguró que ellas se debieron a que la Policía carecía de elementos para la captura. Esta versión no tiene sentido pues había delitos flagrantes, como el ataque a la camioneta del general Sanabria. Pero además los hechos muestran, no solo que la intervención de García fue decisiva, sino algo incluso peor: como revelamos ayer en nuestras páginas, los detenidos trataron al viceministro casi como un subordinado suyo, le reclamaron y le dieron órdenes, incluso lo reprendieron por haberse demorado en llegar a obtener su liberación. Es tanta la benevolencia del gobierno Petro con la llamada “primera línea” y con sus actos de violencia, que sus integrantes ya se sienten con autoridad sobre los funcionarios del Gobierno.
Lo anterior tiene que ser motivo de gran frustración para los habitantes de la zona donde ocurrieron los hechos, quienes han tenido que soportar la violencia de la “primera línea” por más de un año, y que vivieron en una especie de estado de sitio impuesto por esa organización durante los meses de mayo, junio y julio del año pasado, en los que cada noche había actos de violencia. Incluso la zona (cercana al portal Las Américas del sistema Transmilenio) se convirtió en foco de venta de droga y otro tipo de delitos. Las familias de esta área residencial tienen que sentir un tremendo desconcierto cuando ven que los funcionarios del gobierno llegan, no a protegerlos a ellos, no a defenderlos de los desmanes, no a exigir el cese de la violencia, sino a liberar a los capturados por hechos vandálicos.
Y así estamos los colombianos, igual de desconcertados: se supone que garantizar nuestra seguridad y defendernos de agresiones es la primera obligación del Estado, la más básica y fundamental. Las noticias que nos llegan, sin embargo, indican que la prioridad de este gobierno es tenderles una mano a los delincuentes, más que proteger a la gente.
Vemos a funcionarios del gobierno y líderes del Pacto Histórico exigiendo la liberación de los detenidos por los hechos violentos y delictivos del paro del año pasado. Vemos una consejera presidencial (Gabriela Posso) que se refiere a esos detenidos como “presos políticos”, como si estuvieran detenidos por sus ideas, y no por haber destruido propiedad pública y privada, por haber agredido a civiles y a miembros de la Policía, e incluso por varios homicidios, o la tentativa de homicidio, de agentes varios de la fuerza pública. Vemos incluso la iniciativa inconstitucional, que se resiste a morir, de darle al presidente facultades para liberar a estos detenidos.
Y es más: con los hechos del domingo, en particular los reclamos de los detenidos al Viceministro del Interior, queda claro que lo que se pretende no solo es el indulto por los hechos anteriores sino licencia para seguir cometiendo más.
Vemos, por otro lado, a un Comisionado de Paz que de manera dócil y suplicante les pide a los grupos armados que cesen las acciones, mientras les asegura que el gobierno entiende sus razones y entiende el hecho de que estén en armas. Vemos la iniciativa, ya denunciada en estas páginas, de abrirle nuevamente las puertas a Iván Márquez, quien ya muchas veces ha recibido la indulgencia de los colombianos y siempre la ha traicionado.
Detrás de esto está la creencia ingenua, siempre refutada por los hechos, de que si a los criminales se les tiende la mano ellos responderán recíprocamente. Cuando lo hemos hecho, su respuesta ha sido aprovechar ese espacio para crecer y para delinquir más. ¿Alguien recuerda qué hicieron las Farc durante la tregua de los años ochenta? Multiplicar sus frentes y meterse de lleno en el narcotráfico.
Tal vez una de las grandes y crueles paradojas de la historia de Colombia es que en nombre de la paz, no está claro si por ingenuidad o con intención, se han cometido errores de criterio o de estrategia que han postergado de manera indefinida el estado de violencia en Colombia.
Hay también detrás de esto dogmatismos de izquierda en los que la fuerza pública y la justicia son vistas como herramientas opresoras de las clases dominantes, y el crimen, incluso el terrorismo, como una expresión válida de lucha de clases.
Cualquiera sea el origen y la inspiración de este nuevo enfoque, su resultado será que la ciudadanía quede desprotegida, mientras el gobierno en pleno moviliza todos sus recursos en defensa de quienes han violado la ley y vulnerado nuestros derechos .