La semana próxima será definitiva para la suerte del proyecto de Ley de Crecimiento en el Congreso. No es claro que el proyecto, el sustituto de la Ley de Financiamiento de 2018 declarada inexequible por la Corte Constitucional, pueda salir bien librado en su trámite en el Legislativo. La razón de un eventual fracaso es la férrea oposición a la iniciativa dentro de varios sectores de las fuerzas políticas, que lo consideran inapropiado por varias razones.
Uno de los argumentos reiterados en contra del proyecto es que mantiene las exclusiones, exenciones y tarifas diferenciales tributarias de la Ley de Financiamiento. En conjunto, según los cálculos de Fedesarrollo, estas prebendas le cuestan al fisco cerca del 6,6 % del PIB y benefician sobre todo a las personas de altos ingresos y a las empresas. Dentro de esas normas están la reducción del impuesto de renta corporativa, el descuento del IVA en la adquisición de bienes de capital y del impuesto de industria y comercio (ICA), al lado de los incentivos para la inversión en la economía naranja y el sector agropecuario.
En el proyecto, de otro lado, se contemplan nuevas medidas progresivas de carácter social, como la devolución del IVA para aquellas personas que pertenecen al 20 % más vulnerable de la población, disminución de la cotización en salud para las pensiones bajas que pasaría del 12 % al 8 % en 2020 y 2021, los tres días sin IVA para algunos productos y deducción del 120 % en el costo laboral de contratar jóvenes entre 18 y 28 años.
El punto es que el costo de las medidas sociales, cercano a los tres billones de pesos, podría financiarse con una disminución de las exenciones fiscales de las empresas. Por ejemplo, eliminando una de las prebendas más lesivas para el fisco, el descuento del ICA contra el impuesto de renta que reduce el recaudo en 0,1 % del PIB entre 2020 y 2022 y en 0,5 % de 2023 en adelante. Unos siete billones de pesos, de acuerdo con los cálculos de los analistas.
Queda la sensación de que el nuevo proyecto radicado el miércoles pasado en el Congreso, quiso dar algunas respuestas a la protesta social y conciliar esto con el espíritu de la Ley de Financiamiento de reducir las altas cargas impositivas de las empresas para producir un mayor crecimiento y, por esa vía, generar mayores ingresos para el fisco. No parece haber quedado bien esa mezcla, con cada elemento surgiendo de realidades políticas diferentes, pero que el Congreso todavía tiene la posibilidad de enmendar en la crucial semana que queda para el debate.
El problema con el eventual nuevo estatuto tributario que está asomando, es que está muy perforado por las exenciones y descuentos. En esas condiciones será cada vez más difícil obtener un mayor recaudo para cubrir las necesidades crecientes de los colombianos, en una espiral sin fin que no se detiene.
Por esa razón, cada vez se hace más necesaria una reforma tributaria estructural para solucionar de una vez por todas el problema de la baja tributación y acabar con la necesidad de presentar minirreformas cada año. Con una reforma estructural, además de garantizar recursos para el funcionamiento del Estado, se eliminaría la inseguridad jurídica, uno de los factores más relevantes que limitan el desarrollo del país, de acuerdo con el diagnóstico de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
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