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La justicia acordada con las Farc traerá efectos que la sociedad no ha medido. Y poco ayuda que ahora sectores políticos pretendan también jurisdicciones diferenciadas, sin definir bien su alcance.
Las Farc lograron que el gobierno colombiano les concediera en La Habana un sistema de justicia transicional con penas simbólicas, y la creación y funcionamiento de una jurisdicción especial para la paz (JEP), cuyos alcances no han sido suficientemente explicados a los colombianos.
Por supuesto que debería ser una tarea ciudadana que todos conocieran los términos y consecuencias de dicho acuerdo, revelado el 15 de diciembre de 2015. Pero la realidad es que lo complejo y abigarrado del texto, además de la deliberada oscuridad en sus términos (en dictamen no solo de The New York Times sino de algunas de las más importantes organizaciones internacionales de derechos humanos) hacen que la atención pública se diluya.
Ayer, el exministro y exconstituyente Jaime Castro ponía sobreaviso de las competencias que la JEP va a tener, no solo jurisdiccionales sino incluso legislativas. E interrogaba a la sociedad: “¿Alguien ha medido las consecuencias que la JEP tendrá en la vida institucional del país?”...