El Estado, el Gobierno y la clase política deben tomarse en serio el mensaje de desconfianza en ellos que contienen los resultados de la Encuesta Nacional de Jóvenes publicada por la Universidad del Rosario, mediante un rastreo hecho por la firma Cifras y Conceptos.
Preguntados sobre las instituciones en que confían solo el 12 y 13 % dieron credibilidad, respectivamente, al Congreso y a la Presidencia. Los jueces también fueron vistos con recelo: hay confianza solo del 19 % de la muestra.
El gran contraste lo marcaron las universidades públicas y privadas, a las cuales los encuestados les depositaron el 73 y 62 % de confianza. Se trata de una altísima responsabilidad para la academia, que debe, precisamente, trabajar en un proceso de transformación de mentalidades que encuentre reciprocidad en el trabajo y los resultados del conjunto de los niveles de la administración pública.
Entre los problemas centrales de la sociedad colombiana señalados por los jóvenes están la corrupción, el desempleo, la inseguridad y la violencia. Ese orden por supuesto permite interpretar que los focos de corrupción desatan aquellos males subsiguientes. Un Estado asediado por defraudadores del erario es el principal motivo de la desconexión y desconfianza de estas capas de ciudadanos en formación.
Pero es en esa fuerza y prestigio que contienen las universidades donde pueden sembrarse las semillas de un nuevo liderazgo que transforme la administración de lo público. Todo ello asociado a la inaplazable tarea de crear fuentes de empleo.
Hay gran preocupación de los jóvenes por las dificultades que afrontan para conseguir trabajo, muy en especial debido a los bajos salarios y a las exigencias de formación y de experiencia, lo cual termina por frustrar sus ganas de ser individuos productivos.
Los expertos consultados por este diario para analizar la encuesta coinciden en que la visión de la corrupción no se reduce al acto exclusivo del “saqueo” de los recursos, sino también a que ello afecta sus oportunidades sociales y los servicios que debe garantizar la administración pública, en relación con asuntos vertebrales como el empleo, la educación y la salud.
Los encuestados advirtieron también la necesidad de que se alivien las cargas tributarias en el mundo de las microempresas y los emprendimientos, que son lugares cada vez más habituales para su desarrollo y realización.
Por eso se reclama todo el énfasis posible en la economía naranja y en alianzas público privadas para la investigación y la apertura de nuevos mercados y fuentes de empleo. Ellos, además, insisten en que haya más igualdad de oportunidades, en particular desde la perspectiva de la equidad regional, lo cual exige menos “centralismo para que las decisiones no se tomen desde Bogotá, sin escuchar la voz de otras comunidades”.
Los jóvenes ponen sobre el mapa el reto de la descentralización, pero al tiempo exigen que la institucionalidad municipal reaccione desde concejos y alcaldías, que, igual, quedaron calificados con puntajes bajos: 21 y 36 % de credibilidad, respectivamente.
Un 32 % dijo sentir miedo y un 66 % alegría. Un contraste que encaja con ese país lleno de oportunidades que ellos quieren, pero al que frenan los desajustes institucionales y el poco brillo ético que advierten en los funcionarios. Ojalá los gobernantes sientan y reaccionen a este llamado juvenil.
