Entre los agentes de tránsito y de policía y los ciudadanos de cualquier país democrático, ordenado, existe un contrato tácito de respeto mutuo. Tan condenables son la brutalidad, la corrupción y la arbitrariedad de los primeros, como igual deben serlo la agresión, la resistencia y el desacato por parte de los segundos. Ese contacto debe enaltecerse en el trato de ambas partes a la hora de un requerimiento y procedimiento en las calles.
Cualquier operativo, entonces, debe fundarse tanto en el respeto de los derechos humanos y legales del ciudadano, como en la observancia de conductas de tolerancia y acatamiento a aquellas autoridades legalmente constituidas para que prevalezcan la seguridad y el orden públicos.
Con preocupación, en Medellín y otras ciudades del país, asistimos a bochornosos y a veces violentos episodios de resistencia por parte de algunos ciudadanos a los controles de rutina o extraordinarios que deben ejercer los agentes de policía y tránsito. Personas inclinadas a insultar, pechear, provocar e incluso golpear a esos servidores.
Como lo advierten diferentes ensayos sobre el tema, en el modelo de los oficiales de patrulla (carros y motocicletas) se asume que ellos intervienen sin supervisión directa y que deben hacerlo de una manera “ética apropiada”. Pudiese ocurrir que ese principio se rompa, pero lo que se está volviendo habitual es que sean los ciudadanos los que agreden a los uniformados.
Si los agentes viales y policiales tienen la obligación de dar un trato igualitario a todos los ciudadanos, de igual manera es inaceptable que algunas personas recurran a la frase intimidatoria que ha venido haciendo carrera para evitar que ellos cumplan su deber: “Usted no sabe quién soy yo”, “usted no sabe con quién se está metiendo”...
En ciertos grupos de poder y estatus social hay integrantes proclives a la idea según la cual las normas son flexibles y se pueden violar dependiendo del origen y de las actividades del infractor. Pues se debe recordar que ninguna democracia y orden constitucional y legal serían viables a la luz de privilegios y castas por fuera del marco de deberes que todo ciudadano debe cumplir.
No podremos avanzar y crecer como sociedad civilizada si no estimulamos que se tiendan lazos de confianza y respeto entre los agentes de policía y tránsito y las comunidades a las que ellos sirven.
Por eso es del mayor rechazo que la ciudadanía, incluso ante servidores que actúan con probada calma y dominio de la situación, se esté enfrentando cuando se generan escenarios de potencial vulneración de las normas o cuando es evidente que se quebrantan los códigos. Si no se pueden tolerar excesos de autoridad de las fuerzas del orden, tampoco se pueden aceptar desmanes de los ciudadanos.
No se olviden los riesgos notorios que cada día corren los agentes en las calles, en jornadas extenuantes, en un país aún afectado por diferentes actores y factores de violencia, ilegalidad y corrupción.
De una relación armoniosa entre autoridades y ciudadanos depende un desarrollo vigoroso de la sociedad. Un ambiente de respeto mutuo y de acatamiento de las normas es el núcleo que fortalece valores democráticos, de seguridad y de orden. Agredir e insultar a los agentes de policía y tránsito nos devuelve al nivel de una sociedad inculta, desordenada e, incluso peor, irritable y peligrosa. Que la fórmula sea la estrecha y amigable colaboración, para que no se impongan la intolerancia y la violencia .
