Hoy es el primer día hábil del año judicial. Tendrían que reanudarse todas las actuaciones procesales y diligencias interrumpidas por la vacancia judicial en todos aquellos despachos que tienen ese período unificado.
Pero resulta que el paréntesis en la actividad de la administración de justicia no viene solo desde el pasado 19 de diciembre. En varios edificios y sedes de juzgados la actividad no se desarrolla desde octubre del año pasado.
Es posible que millones de personas no lo sepan. Pero otras miles que tienen asuntos vitales por resolver en los juzgados llevan a cuestas la penalidad de no ver ninguna actuación en sus procesos y la incertidumbre de no saber cuándo llegará a resolverse su caso en un país sin justicia.
No todo el sector está paralizado. Hoy habrá jueces, fiscales y magistrados (como ha sido el caso de Antioquia) que haciendo honor a su juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes reasumirán sus labores y pondrán lo mejor de sí para tramitar millones de expedientes, contando para ello con pocos medios.
Porque ciertamente hay reivindicaciones que los gobiernos han estado en mora de atender. Aunque la administración de la Rama es autónoma y su presupuesto lo manejan sus propias instituciones (con grandes falencias y desajustes), hace años no hay política de Estado en materia de justicia.
El líder del sector sindical de Asonal que promueve el paro, el juez cartagenero Fredy Machado, insiste en que es culpa del Gobierno la persistencia del cese de actividades.
El todo es que ese conflicto se suma a una pluralidad de anomalías que han llevado al país a lo que, desde las páginas de Opinión de este diario, el expresidente del Consejo de Estado Luis Fernando Álvarez ha denominado “justicia fallida”: todo ese conjunto de fallas del sistema judicial que dejan al descubierto sus debilidades como impulsor y realizador de las relaciones sociales, cuya ordenación conforme a la ley es lo que le compete, para coadyuvar a la convivencia pacífica.
Para ese sector de Asonal hoy continuará el paro, salvo que sus bases decidan otra cosa. En tanto, el Gobierno, a través de una extraña bicefalia en la vocería (por un lado el “ministro” de la Presidencia y por el otro el ministro de Justicia) insiste en que el Estado garantizará a partir de hoy la prestación de ese servicio público esencial.
Por lo menos el sábado pasado se avanzó algo en otro lío paralelo, al lograr acuerdos con los sindicatos del Inpec. Si algún problema grave tiene el país es ese: no solo el hacinamiento carcelario y la inmanejabilidad de las cárceles, sino la propia ingobernabilidad del instituto público encargado de los asuntos penitenciarios.
Este Gobierno ha tenido ministros de Justicia académicos (Juan Carlos Esguerra), jueces (Ruth Stella Correa), políticos (Alfonso Gómez Méndez) y penalistas litigantes (el actual, Yesid Reyes). Ninguno ha podido con el problema carcelario, aunque todos han estado prestos a anunciar y prometer soluciones que no se ven.
Si a esto le sumamos un fiscal general dedicado a funciones muy distantes de las que se esperan de su cargo, al promover políticas opuestas a las encomendadas por la Constitución, no sería cosa de agoreros apocalípticos pensar que una justicia fallida nos conduciría, junto con otras realidades que podríamos padecer pronto, al tan temido Estado fallido por la prevalencia total de la impunidad.
