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Una sentencia judicial parece declarar como indicio grave de delito la negociación con los paramilitares. Quienes celebran esto por ser contra un opositor deberán mirar su propia situación.
Por lo menos la mitad de los 12 integrantes de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (CHCV), que se constituyó en la mesa de conversaciones con las Farc en La Habana, atribuyeron en su Informe Final la responsabilidad del conflicto interno al Estado colombiano, a sus gobiernos y a sus dirigentes. La otra mitad, en sus análisis histórico-políticos, también señalaron las responsabilidades que por acción y omisión le caben al Estado.
Posteriormente se anunció un acuerdo, aún secreto y cuyos alcances no se conocen, para constituir una jurisdicción especial de paz por fuera de los cauces establecidos en la Constitución aún vigente, compuesta por magistrados colombianos y extranjeros cuyo proceso de elección también se oculta a los colombianos, para que procesen, juzguen y condenen a todos los que de una u otra forma han intervenido en el conflicto interno, no solo a la guerrilla.
Quien piense que aquellos informes de la Comisión Histórica del Conflicto que recogen las posiciones ideológicas...