Muchos tal vez leen la palabra Afinia y pasan la página. No parece un tema interesante. Sin embargo, es uno de los problemas más graves que pueden estar creándose y en el que están involucrados EPM y el alcalde de Medellín, hoy suspendido, Daniel Quintero, como presidente de su junta directiva. De ñapa: afecta el bolsillo de todos y cada uno de los colombianos vía la tarifa de energía.
Resulta que los habitantes de Bolívar, Sucre, Cesar, Córdoba y algunos municipios del Magdalena, que suman cerca de seis millones de colombianos, se habían hecho la ilusión de que la larga pesadilla de Electricaribe se había ido para siempre. Y luego, cuando les dijeron que quien llegaría a prestarles el servicio de energía era EPM, algunos alcanzaron a pensar que se habían ganado el baloto. La empresa paisa venía antecedida de un prestigio que los hacía creer que no tenían pierde.
Pero ahora, apenas un año y ocho meses después, los buenos presagios no se cumplieron y cunde, por el contrario, la preocupación y la incertidumbre. ¿Les metieron gato por liebre? Al menos así se desprende del informe publicado este domingo en EL COLOMBIANO: Afinia no solo no ha mejorado su gestión, sino que la ha empeorado. En diciembre de 2020, por ejemplo, las pérdidas de energía de Afinia estaban en 27,2 % y aumentaron a 28,3 % en diciembre de 2021.
El lío no es solo de mala gestión. Hay todo tipo de denuncias: desde contratistas a los que les piden “mordida” —según ellos mismos le dijeron a este diario—, pasando por personas a las que las invitaron a reuniones en una finca cerca de Cartagena para que pagaran una millonaria cuota de admisión para estar en el grupo de contratistas —según lo denuncia un veedor de la región—, hasta el alcalde de Cartagena, que dijo no querer tener que ver con el gerente de Afinia, Javier Lastra, y le entregó al gerente de EPM un dossier de quejas en su contra.
Por no hablar de grandes conocedores de los intríngulis del mercado eléctrico en Colombia, que en diálogo con este diario tendieron un manto de duda sobre las movidas en la filial de EPM, o las propias autoridades del sector, que han prendido las alarmas y activaron un mecanismo de seguimiento especial.
Es una tragedia desde donde se le mire. En primer lugar, se está perdiendo una oportunidad única en la historia de hacer una transferencia de buenas prácticas de una empresa como EPM a una región como la costa Caribe, que en el tema eléctrico lo necesita.
En segundo lugar, el gobierno nacional hizo un esfuerzo monumental: diseñó un nuevo esquema de tarifas, que nunca antes se había hecho en la historia del país, para darle un empujón a esta naciente empresa y así poder resolver de una vez por todas el grave problema de calidad del servicio de energía que agobia a los habitantes de la costa desde hace cincuenta años.
Los propios ciudadanos, todos los habitantes del país, estamos pagando un monto adicional en la tarifa para ayudarle a esta nueva empresa a mejorar los indicadores —gabela que, por fortuna, en este momento tiene suspendida Afinia, precisamente por sus malos resultados—.
Pero si las cosas siguen como van, el esfuerzo de todos puede irse al traste.
Lo más triste es que en los primeros diez meses de Afinia se demostró que el sueño de los habitantes de la costa atlántica podría hacerse realidad. Al frente de la recién nacida empresa pusieron a una de esas funcionarias que son patrimonio de EPM y con mucho esfuerzo, trabajando con inteligencia y como una hormiguita, comenzó a mover esa pesada máquina que había dejado Electricaribe. La superintendencia, con datos, hizo una buena valoración de su labor al frente de Afinia.
Por eso nunca fue claro por qué Daniel Quintero, como presidente de la junta directiva de EPM, la cambió. No es claro por qué prefirió sacarla para poner a una persona que perdió su investidura como concejal de Bogotá y que fue retirado del cargo de interventor de Electricaribe en medio de ruido de malos manejos
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