Faltaron menos de 500 mil votos para que la Consulta Popular Anticorrupción fuera aprobada ayer. Sin embargo, más de 11.665.000 ciudadanos colombianos se sintieron concernidos por el relevante asunto que se puso a su consideración: emitir un mandato para que las ramas del poder público tomaran medidas y adoptaran reformas constitucionales y legales para atajar, de cierta forma, conductas y prerrogativas que se consideran favorecedoras de la corrupción.
Aunque la consulta contenía siete preguntas que se relacionaban con diversos temas, evidentemente no incluía todo el catálogo de los ejes sobre los cuales gira la multiplicidad de conductas corruptas que día a día dejan exangües el presupuesto público y la ética común. Sin embargo, un muy representativo porcentaje de la ciudadanía entendió la consulta no solo como un proyecto de reformas normativas, sino ante todo como la posibilidad de enviar un mensaje inequívoco contra la corrupción y contra quienes incurren en ella, o la patrocinan, la avalan o son indiferentes frente a ella.
No se logró, por muy poco, superar el umbral (12.140.342) pero el mensaje político de esa ciudadanía que vota y participa es insoslayable y no será posible desconocerlo.
Como la Constitución establece que las consultas populares se convocarán para preguntar a la ciudadanía sobre decisiones de trascendencia nacional, y que si el pueblo las aprueba su decisión será obligatoria, aquí no hay un mandato constitucional vinculante en sentido jurídico. Pero sí hubo una manifestación política de tal calado que los poderes públicos (el Gobierno, el Congreso y las mismas cortes, tan reacias a aceptar cualquier reforma que les incomode) tendrán que obrar de conformidad. Los siete puntos de la consulta no serán obligatorios para su transformación en leyes, pero los bloques temáticos habrán de someterse a profunda y pronta discusión para adoptar las decisiones que se acoplen al espíritu de lo que buena parte de la ciudadanía -insistimos, la que participa y se siente concernida por el desenvolvimiento de lo público- demanda a sus autoridades.
Algunos de los puntos podrán ser discutidos con mayores elementos de juicio, ajenos ya a las pasiones electoralistas, como el de la rebaja de los salarios de congresistas y altos funcionarios del Estado, cuyo sometimiento a votación popular era constitucionalmente polémico. Como lo era el de limitar los períodos en los que alguien puede ser elegido a una misma corporación pública, pues recorta también la libertad del votante de escoger a su representante.
No fue, pues, inocua la convocatoria de esta consulta popular. Aunque hubo una evidente apropiación electoral por parte de un sector político, un “adueñamiento” que pudo alejar a votantes de sectores no partidistas, el hecho es que este puede ser el inicio de un verdadero movimiento cívico renovador que impulse verdaderos cambios en las costumbres políticas y obligue a los políticos a modificar inercias y prácticas inveteradas, y a que se convenzan de que si pueden controlar nichos clientelistas de votantes, también tienen a una buena parte de la sociedad vigilando y repudiando las prácticas corruptas.
La invitación a quienes no votaron es que, con independencia de sus afinidades políticas, sin que tengan que adherir o apoyar a movimientos con los que no simpatizan, sí se incorporen a la corriente cada vez más numerosa que no ve la corrupción como algo inevitable e inherente al ejercicio del poder, sino como una inadmisible anomalía que impide la buena marcha de un país entero y que debe ser rechazada y castigada -penal, moral y socialmente- con la mayor severidad.
