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Es permanente la tentación del poder público y sus funcionarios de controlar la información y coartar la libre opinión. Contra lo que se cree, ese no es solo un problema de los países vecinos.
Con convocatoria a rueda de prensa y gran despliegue, los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) anunciaron el miércoles de esta semana que abrirían investigación contra varias firmas encuestadoras y medios de comunicación.
El comunicado de prensa lo titularon así: “Más de 25 millones de pesos podría ser la sanción a firmas encuestadoras y medios de comunicación por irregularidades en la publicación de información”.
Una entidad pública como el CNE, aunque no tenga naturaleza jurisdiccional ni sus miembros sean jueces, debería ser más cuidadosa en los términos en los cuales dan a conocer sus actuaciones. Que la prioridad sugerida en el titular del comunicado sea el monto de una eventual multa indica que su objetivo es distinto al cumplimiento de las funciones asignadas en el artículo 265 de la Constitución, en el cual no se establece, por otra parte, indicar a los medios cómo deben informar.
Pero más grave aún es que aparte de mencionar selectivamente a los medios de comunicación que,...