Con convocatoria a rueda de prensa y gran despliegue, los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) anunciaron el miércoles de esta semana que abrirían investigación contra varias firmas encuestadoras y medios de comunicación.
El comunicado de prensa lo titularon así: “Más de 25 millones de pesos podría ser la sanción a firmas encuestadoras y medios de comunicación por irregularidades en la publicación de información”.
Una entidad pública como el CNE, aunque no tenga naturaleza jurisdiccional ni sus miembros sean jueces, debería ser más cuidadosa en los términos en los cuales dan a conocer sus actuaciones. Que la prioridad sugerida en el titular del comunicado sea el monto de una eventual multa indica que su objetivo es distinto al cumplimiento de las funciones asignadas en el artículo 265 de la Constitución, en el cual no se establece, por otra parte, indicar a los medios cómo deben informar.
Pero más grave aún es que aparte de mencionar selectivamente a los medios de comunicación que, según anunciaron, serán investigados -entre ellos este- invocan indistintamente una serie de motivos, mezclándolos y por ende endilgándonos unas faltas en las que no hemos incurrido.
Con razón la directora de Andiarios, Nora Sanín, dijo que “el Consejo Nacional Electoral no puede decir que encontró irregularidades en los medios si no ha iniciado investigaciones, porque eso sería prejuzgar y constituye una violación al debido proceso”.
De hecho, el CNE dice que “encontró falencias a la hora de divulgar la información”, con lo cual ya tiene su conclusión asumida, sin dar la oportunidad de ejercer la debida defensa técnica ni reconocer el derecho de conocer puntualmente qué es lo que va a investigar, por qué, ni a permitir que se puedan desvirtuar las imprecisas acusaciones hechas en la rueda de prensa y en su comunicado.
Las encuestas son una herramienta útil para la información de los medios, aunque generen descontento en los políticos, que casi siempre creen tener mayor aceptación popular que la que indican las mediciones.
Las encuestas que contrata y publica EL COLOMBIANO son realizadas por Invamer Gallup Colombia, firma de gran trayectoria y credibilidad. La información que las acompaña se publica atendiendo todos los compromisos que este diario ha hecho con sus audiencias (verdad, rigor periodístico, transparencia, imparcialidad). Y en la parte de opinión editorial, nos acogemos no sólo a las garantías de libertad de expresión y de opinión consagradas constitucionalmente, si no a la reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional que excluye de raíz cualquier pretensión de autoridades públicas o funcionarios estatales de injerir en la línea informativa o editorial del medio de comunicación. Y esto, en nuestro sentir, es lo que ocurre con lo anunciado por el CNE.
De seguir las cosas como van, llegaremos al punto de que el CNE se autoatribuya la competencia para decirles a los medios cómo deben interpretar las encuestas, o cómo deben editorializar sobre ellas. El CNE, no se olvide, se compone de miembros elegidos por el Congreso de listas que les remiten los partidos y movimientos políticos.
Una vez este diario sea notificado de qué es lo que se le va a requerir, dará al CNE las respuestas del caso. En tanto, frente a nuestros lectores, podemos garantizar que hemos cumplido, y lo seguiremos haciendo, los compromisos que renovamos antes de iniciarse esta campaña electoral.
