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En Colombia llegamos este 31 de mayo con más de 41 millones de ciudadanos habilitados para votar. En las elecciones de Congreso de marzo pasado, poco más de 20 millones lo hicieron. Los otros 21 millones —más de la mitad del censo electoral— decidieron no ir a las urnas, o no pudieron, o no quisieron, o simplemente no les importó.
Ese silencio tiene un costo que muy pocas veces calculamos bien.
En los cinco procesos presidenciales del siglo XXI, el común denominador ha sido una abstención superior al 50 por ciento. Solo la primera vuelta de 2018, entre Duque, Petro y Fajardo, rompió ese esquema. Y sin embargo, incluso ese dato nos recuerda cuánto terreno queda por ganar: millones de colombianos siguen convencidos de que su voto no cambia nada.
Pero cuán equivocados están. En segunda vuelta presidencial, las diferencias suelen decidirse por márgenes que caben en esos votos que nadie fue a depositar. Los electores ausentes no son una estadística sin valor: son el margen que puede inclinar o revertir cualquier resultado. Quien no vota no se abstiene de participar —se abstiene de decidir.
Hoy esa reflexión y ese llamado a la acción es más urgente que nunca. Desde hace varias semanas se viene alertando desde diferentes partes del país, desde el Meta, Caquetá, Huila, Tolima y hasta Briceño, en Antioquia, que los grupos armados están ejerciendo presión para votar. El Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga le puso ayer números al problema: el centro de estudios identificó patrones atípicos en el 7,6 por ciento de los puestos de votación analizados (1.019 puestos de votación), que concentran más de 327.000 votos efectivos y un potencial de casi 500.000 personas habilitadas para sufragar.
Las autoridades del Meta y Guaviare confirmaron que estructuras de las disidencias de las FARC adelantan una campaña de carnetización obligatoria e ilegal en zonas rurales, con el objetivo de ejercer control social y constreñimiento sobre el electorado. Detrás de estas actividades estarían estructuras al mando de alias Iván Mordisco y alias Calarcá. Los habitantes que rechacen el proceso de carnetización serían objeto de intimidación y podrían enfrentar la pérdida de sus propiedades.
En San Vicente del Caguán se difundieron mensajes exigiendo el certificado electoral bajo amenaza de sanciones. En El Tarra, Norte de Santander, se confirmó presencia de grupos armados cerca de un puesto de votación. En Guapi y López de Micay, líderes comunitarios acompañaban a votantes hasta las mesas y registraban en cuadernos la opción marcada por cada persona. “El voto se captura antes de llegar a la urna. Donde no hay denuncias visibles, puede haber miedo”, dijo el director ejecutivo del ICP.
Eso es exactamente lo que está ocurriendo. El arma de los grupos armados no es solo el fusil: es empadronar. Es el carnet. Es la amenaza silenciosa que convierte el sufragio en una transacción entre el ciudadano y quien le apunta. Y la única respuesta posible ante esa captura criminal del voto es que los demás colombianos —los que votan libres, en las ciudades, en los barrios, en los municipios donde el Estado sí llega— entiendan que su papeleta no sólo los representa a ellos: representa también a quienes no pueden votar con libertad.
Si en el Caguán un campesino tiene que mostrar un carnet para no perder su parcela, su voto —aunque lo deposite— no es libre. Entonces nosotros, para combatir desde las ciudades a los violentos, tenemos que redoblar nuestro compromiso con la democracia.
Hay una dimensión de estas elecciones que va más allá de los candidatos y los programas. Como ha señalado Mauricio Gaona, no estamos eligiendo un presidente: estamos eligiendo en qué tipo de país queremos vivir. Esa distinción no es retórica. Es la diferencia entre elegir a una persona o decidir el destino de un país. Este voto define si Colombia continúa siendo un Estado de derecho con instituciones independientes, con prensa libre, con jueces autónomos, con una economía que no depende del capricho de un gobernante. O si emprende el camino que otros ya recorrieron, con resultados que conocemos de sobra.
Basta mirar al vecino. Venezuela no llegó al colapso de un solo golpe. Llegó por elecciones sucesivas en las que millones de venezolanos creyeron que su voto no hacía falta, que el sistema se corregiría solo, que las advertencias eran exageradas. Hoy esos millones están regados por el continente —en Bogotá, en Medellín, en Cúcuta, en Madrid, en Santiago— contando lo que perdieron: no solo la prosperidad, sino la libertad de elegir. Ese éxodo masivo, esa generación desterrada de su propio país, es el precio de las abstenciones acumuladas, de las confianzas mal depositadas, de las señales ignoradas a tiempo. Colombia tiene hoy lo que Venezuela no pudo conservar: la posibilidad real de decidir. Desperdiciarlo sería una irresponsabilidad imperdonable.
Esta vez, vale la pena. Más que nunca, vale la pena. Vaya a votar.