El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, ha escogido dentro de los lineamientos estratégicos -políticos y comunicacionales- de su administración, emitir cartas públicas dirigidas a funcionarios del alto Gobierno, o a las cabezas de otras entidades estatales, en las que manifiesta inquietudes, formula interrogantes y, en muchas ocasiones, emite acusaciones delicadas que ponen en entredicho el trabajo y la probidad de otros funcionarios.
Son bien conocidas sus cartas dirigidas al anterior presidente de la República sobre diversos temas. A primera vista, estas cartas públicas sirven para fijar precedentes y dejar claras posiciones del gobierno departamental. También, se muestran como mecanismos de salvaguarda para evitar señalamientos posteriores por eventuales responsabilidades legales por decisiones u omisiones en el ejercicio de la función de gobernador.
La carta conocida esta semana dirigida al alcalde de Medellín, en su condición de presidente de la junta directiva de Empresas Públicas de Medellín (EPM), genera varias consideraciones. Es evidente que el gobernador Pérez acumula, desde hace meses, motivos de franca insatisfacción por la gestión, técnica e informativa, de la crisis de Hidroituango. Desde abril de este año, ha hecho advertencias y denuncias. No en vano el Departamento, a través del Instituto para el Desarrollo de Antioquia (Idea), es el mayor accionista del proyecto.
La carta al alcalde de Medellín sobre las pruebas de polígrafo en EPM denota un sentimiento que va más allá de la irritación pasajera, y refleja una cólera que no es buena consejera para dirimir controversias que requieren ciertamente un diálogo directo, franco y sin dobleces, pero también respetuoso entre las partes. Respetuoso del gobernador con el alcalde y la cúpula de EPM, así como de estos con el gobernador.
Surge el interrogante de por qué se ha tenido que llegar a este extremo de una carta de lenguaje destemplado y amenazante, con denuncias penales de por medio, entre personas con tamaña responsabilidad política y pública ante la comunidad. De por qué se llega al dramatismo calculado de romper relaciones institucionales, cosa que no ha ocurrido ni cuando alcaldes y gobernadores en este departamento han militado en partidos y movimientos opuestos.
Hay que preguntar si se ha llegado a esto por desatención o desinterés ante los reclamos del gobernador, lo cual evidenciaría un delicado problema de gestión y torpeza política que debería resolverse de inmediato. O preguntar si lo que hay es un afán acusatorio de Pérez Gutiérrez, sin dar oportunidad a EPM de transmitirle previamente las explicaciones requeridas, y si es así, estaríamos ante una actitud que sobrepone intereses políticos particulares sobre el deber de salvaguardar un patrimonio común de confianza en las instituciones.
Las instituciones, obviamente, deben corresponder a la ciudadanía con acciones transparentes, ganarse la credibilidad y no darla por descontada. Es grave que cuando la ciudadanía tiene todavía confianza en sus instancias locales de gobierno (Gobernación, Alcaldía, empresas públicas), se golpee desde adentro no solo con denuncias cruzadas de quienes debían remar hacia el mismo lado, sino con opacidades y lenguaje cifrado que oculta información que debería fluir de forma diáfana.
