Desde 2012 se viene haciendo un gran esfuerzo para optimizar el portafolio de activos públicos que tiene la Nación para generar valor económico y social. Con ese fin se han llevado a cabo varios estudios de diagnóstico de la problemática y hay dos Conpes (3851 y 3927) que definieron las pautas para una estrategia al respecto. En ese proceso fue determinante el ingreso del país a la Ocde, entidad que hace una serie de recomendaciones a los países miembros para mejorar la gobernanza de las empresas públicas.
La Ocde plantea que el marco jurídico y regulatorio de las empresas públicas debe garantizar la igualdad de condiciones en los mercados en los que compiten las empresas del sector público y las empresas del sector privado, con el fin de evitar distorsiones de mercado. Así mismo, la entidad recomienda que el Estado actúe como un propietario informado y activo, y establezca una política de propiedad clara y consistente, que garantice que el gobierno corporativo de las empresas públicas se realice de forma transparente y responsable, con el nivel necesario de profesionalismo y efectividad.
La idea es que tanto el Estado como las empresas públicas reconozcan los derechos de todos los accionistas y garanticen un trato equitativo y acceso igualitario a la información corporativa. La política de propiedad del Estado debe reconocer plenamente las responsabilidades de las empresas públicas con partes interesadas e informar sobre sus relaciones con estas. Así mismo, las empresas públicas deben mantener, de conformidad, un elevado nivel de transparencia.
Recogiendo esos lineamientos y recomendaciones, el plan de desarrollo del actual gobierno fijó un plazo límite para que el Ministerio de Hacienda presentara un proyecto para agrupar a las empresas financieras y aseguradoras en las que el Estado tiene participación, proceso que culminó con la expedición el lunes pasado del Decreto Ley 2111 de 2019. Por medio de ese decreto, se formalizó la creación del Grupo Bicentenario, un holding estatal que agrupa a las entidades mencionadas.
El Bicentenario se constituye en el tercer grupo financiero del país y debe en palabras del ministro Carrasquilla “generar eficiencia, colaboración y coordinación en las empresas del Estado que prestan servicios financieros, optimizando su portafolio y protegiendo el patrimonio y los ahorros de los colombianos. También fortalece el gobierno corporativo de estas compañías con el propósito de mejorar su transparencia y eficacia”.
El Grupo Bicentenario, a pesar de todas sus virtudes y del esfuerzo para hacerlo realidad, no ha sido bien recibido por un sector de la sociedad. Terminó siendo uno de los puntos de exigencia de los promotores del paro nacional, según ellos porque se ponen en riesgo los empleos de quienes hoy trabajan en las empresas que forman parte del nuevo grupo, el cual además sería privatizado posteriormente.
La creación de este holding debería dar lugar a una reflexión más de fondo acerca de las necesidades de financiamiento y aseguramiento que dieron lugar a la creación de entidades como Bancoldex, el Banco Agrario, Icetex, Findeter y la Previsora, entre otras, y la forma como van a ser atendidas en el nuevo contexto institucional. Una cosa es mejorar el gobierno corporativo de esas entidades y otra revisar y ajustar los objetivos y los instrumentos para hacer eficiente su labor en la solución de imperfecciones del mercado que dificultan el acceso al crédito de grupos de la población o a unos plazos que el mercado privado no ofrece..
