El mundo de lujos y extravagancias en que vivía Jenny Lizeth Ambuila, hija del jefe de Control de Carga de la Dian en Buenaventura, Ómar Ambuila, descorazonó a los contribuyentes colombianos. No era para menos, dado que su imagen refleja, en parte, los alcances de la corrupción en diferentes escalas de la dirección de impuestos, acostumbrada a ser tan estricta para recaudar y exigir cumplimiento a los ciudadanos, como debe ser.
El problema es la distancia que hay aquí en el rigor de las normas para quienes tributan y el ejemplo de concierto para delinquir que asomaría en los Ambuila, y que obliga a penetrar mucho más en el entramado de corrupción que hace años se denuncia en esa entidad, incluso en los niveles más altos de su organigrama, en especial frente al contrabando —en todas sus variantes— y la evasión.
Lo de los Ambuila, que incluye también a la madre del clan familiar, es escandaloso no solo porque muestra la complicidad de una red de funcionarios con la ilegalidad sino porque retrata los pagos millonarios y estratégicos de coimas que perpetúan el no pago de impuestos a importaciones de mercancías que les abren un boquete al fisco y a los recursos de inversión social para los colombianos.
Podría trazarse, así, esa línea cortante de criminalidad y desfalco contra el erario:
Un salario de cerca de 10 millones para un controlador de carga que no controla y que contamina a otros con su conducta tan condenable. Un agujero sin fondo a los recaudos de la Dian, que son los del Estado y el bienestar ciudadano. La vía libre al lavado de activos mediante importaciones sin ningún control, no solo a sus montos, procedencias y propietarios, sino sin inspección a contenedores que pueden entrar al país desde lotes de juguetes de un dólar hasta fusiles para las bandas criminales y canecas de dinero del narcotráfico. Hay ejemplos.
Los Ambuila son la punta del iceberg de un fenómeno de corrupción y contrabando que se extiende por los cuatro puntos cardinales y decenas de pasos limítrofes del territorio nacional: San Andrés, Turbo, Maicao, Cúcuta, Arauca, Leticia, Ipiales y, por supuesto, Buenaventura y Tumaco. Fronteras porosas.
La Fiscalía tiene razones para sospechar de los giros, las propiedades y las operaciones millonarias de los Ambuila, a partir de la sobrexposición en redes sociales de Jenny, en autos de altísima gama y portando relojes, carteras y accesorios propios de magnates. Hay que insistir: una cachetada a los contribuyentes de un país enfrentado a los vaivenes de una economía contraída y de una migración desbordada que aumenta el desempleo y limita la dinámica económica.
Este escándalo conmina a la Dirección de la Dian y al Gobierno Nacional para que respondan a la ciudadanía con acciones concretas de depuración, en una entidad clave en el sostenimiento, pero además en la solidez, rigor y seriedad del desarrollo de las finanzas públicas que parte, por supuesto, del control a las importaciones comerciales que, a su vez, fijan ritmos y flujos esenciales al circuito económico y a las posibilidades de inversión y respuesta estatal.
El caso Ambuila resulta pintoresco, si se quiere tropical y a la medida de aquellos Estados que han funcionado como verdaderas “repúblicas bananeras” de hace un siglo, caóticas y corruptas. Sopa de males irremediables. Colombia no puede coleccionar más semejantes estampas.
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