Hace exactamente 40 años el presidente Belisario Betancur firmó la ley de amnistía con la que abrió las negociaciones de paz con las Farc para firmar tiempo después los llamados acuerdos “de la Uribe”. En ese proceso de paz participó alias Iván Márquez y gracias a que le perdonaron sus delitos fue elegido concejal de Caquetá en 1985 y representante a la Cámara en 1986.
Treinta años después, hace 10 años, comenzaron los diálogos del Gobierno de Juan Manuel Santos con las Farc en la Habana. Esa vez Iván Márquez fue el jefe de la delegación y vocero del proceso. Era, con Rodrigo Londoño, alias Timochenko, el protagonista del bando de la guerrilla. Otra vez, en 2016, el país le perdonó sus delitos y gracias a ello se ganó una curul como senador.
En las dos ocasiones dejó en visto al país. En la primera tiró la puerta y se fue al monte, La razón que dio para no cumplir con el acuerdo fue la persecución a la UP, partido del cual hacía parte.
En la segunda se escabulló y aterrizó en Venezuela. Dio a entender que estaban creando investigaciones falsas en su contra y mandó un video, fuertemente armado, y anunciando la creación de la ‘Segunda Marquetalia’. Allá, en algún lugar de la frontera, en junio de este año, le hicieron llegar unos tabacos cubanos con explosivos y quedó, según cuentan conocedores, mutilado y mal herido.
Ahora, según dijo el comisionado de paz, Danilo Rueda, Iván Márquez vuelve y pide pista: dice que quiere sumarse a la ‘paz total’ del presidente Gustavo Petro. ¿Cuántas veces tendrá Colombia que perdonar a Iván Márquez? ¿Cuántas oportunidades tendrá que darle? ¿A los cuántos incumplimientos diremos ¡basta ya!? Humberto de la Calle, que lo conoce bien, ha sido categórico en decir que ya no más: “Iván Márquez y la llamada Segunda Marquetalia ya tuvieron su oportunidad y fallaron”.
No sería raro que el gobierno Petro diga lo contrario. Ayer precisamente estaba programado el debate en el Congreso la reforma en la ley de orden público que fija parámetros para procesos de paz o de sometimiento. En el articulado apareció una especie de ‘mico’ con el cual le daban al presidente Petro la facultad de diseñar a su gusto las normas de sometimiento a la justicia vía decreto, incluido el otorgar perdón a quienes hoy están siendo procesados. Se ha desatado gran controversia porque este tipo de decisiones hasta ahora han pasado por el Congreso, como cuando se creó la jurisdicción de Justicia y Paz, por ejemplo, o incluso, la JEP también surtió su trámite en el legislativo.
Más allá de la coyuntura, el caso de Iván Márquez refleja la profunda crisis que vivimos en nuestro país con respecto al concepto del Estado, y en particular del Estado de Derecho. La Constitución es nuestro contrato social. Las normas que se construyen a partir de ese contrato social son como la amalgama que une las piezas de una Nación que como la nuestra es diversa. Sin embargo, en Colombia ha hecho carrera la costumbre de saltarnos la norma.
O peor aún, construir narrativas que justifican no acatarlas. Decía Antanas Mockus hace unos años que en Colombia falta mucha educación sobre “la importancia de la legalidad”. “Por pasividad o por miedo, no enfrentamos ni los comportamientos ilegales, ni sus justificaciones”.
Y añadía que “a la impunidad legal se añade la impunidad moral (gente que no siente culpa cuando debería sentirla) y la impunidad social (personas que no sienten vergüenza, o que no expresan un rechazo social que debería causar arrepentimiento en el trasgresor)”.
Ese problema se ha acentuado ahora que se han puesto de moda todo tipo de relatos que justifican la ilegalidad. En un caso diferente, en Bogotá, todos los días el Transmilenio parece un gran colador: 3 de cada 10 viajeros no pagan su pasaje. Eso equivale a más de 500.000 viajes al día que no se pagan. El fenómeno comenzó en la alcaldía de Gustavo Petro y se agudizó en la de Claudia López. Detrás de los colados hay un discurso que los incentiva.
Y así con el tema de la violencia. Desde la cabeza del Estado, distintos gobiernos han decidido que una fórmula relativamente fácil y que da réditos políticos es perdonar una y otra vez a los que toman las armas. Cada gobierno suele llegar con su proyecto de diálogos de paz bajo el brazo.
Así, de perdón en perdón, se va socavando un pilar fundamental del Estado: el respeto por la ley y la sanción a quienes no la cumplen. Si todo es susceptible de perdón, el Estado se queda sin argumentos para exigir el respeto de la norma.
En el caso de Iván Márquez, como parte del Secretariado de las entonces Farc, los casos por los que lo requiere la justicia son una larga lista de los crímenes más abominables ocurridos en el país: desde la bomba al Club El Nogal, pasando por el asesinato en cautiverio de Guillermo Gaviria y las más sangrientas tomas a puestos militares.
Cuando la moral y la ley flaquean habría una alternativa en la cultura, la formación de una cultura ciudadana sólida, construir una red de valores al menos con un estándar mínimo sobre respeto a los demás y al Estado. Pero en ese campo la situación no parece estar mejor. Por el contrario, en esencia el ejemplo que queda es que se puede delinquir que luego te perdonan
