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Para la Corte Constitucional erigir un sistema de investigación y juzgamiento de altos funcionarios con fuero atenta contra la separación de poderes. Otra vez asume papel constituyente.
Desde que el pasado mes de junio la Corte Constitucional tumbó la creación del nuevo Gobierno Judicial, creado por iniciativa del gobierno Santos y de sus mayorías en el Congreso, se sabía que la caída de otros componentes de la reforma judicial, entre ellos en lugar destacado el Tribunal de Aforados, sería cuestión de días.
Si bien el país tenía suficientes muestras de la inoperatividad de la Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara de Representantes, encargada de investigar a los altos funcionarios del Estado provistos de fuero constitucional, el poder político no tenía entre sus prioridades cambiar ese sistema que, de forma cada vez más notoria, proveía una capa de impunidad al ejercicio funcional de los altos cargos.
Llegó un momento, no obstante, en que hasta para el Poder Ejecutivo y el mismo Congreso, el desarreglo institucional que implicaba una célula inoperante y las nocivas consecuencias que para el normal funcionamiento de los poderes públicos y el control democrático...