La Asamblea Departamental de Antioquia otorgó, el pasado mes de mayo, las facultades especiales al gobernador de Antioquia, solicitadas por este, para hacer en un plazo de seis meses una reestructuración administrativa de la Gobernación del Departamento, acorde con lo contemplado en los planes de gobierno y de Desarrollo que fueron presentados a la ciudadanía y a las entidades competentes para su aprobación. El plazo ya se cumplió y el gobernador Aníbal Gaviria expidió el decreto que define lo que deberá ser un modelo de Gerencia Pública para el departamento.
Al igual que durante su desempeño como alcalde de Medellín (2012-2015), Gaviria propone la formalización jurídica y administrativa de un conglomerado público, en esta ocasión departamental. El que se hizo en Medellín tuvo corto recorrido, pues tan pronto hubo relevo en la Alcaldía, el gobernante entrante, Federico Gutiérrez, volvió al modelo anterior, derogando la creación de las vicealcaldías, y el actual alcalde tampoco retomó esa organización administrativa.
Hay una diferencia fundamental que debe haber contado tanto para la concepción y montaje de estos modelos de conglomerado público municipal y departamental, y es, aparte de la estructura burocrática –bastante grande en ambos– la de los recursos con los que cuentan. El Municipio de Medellín tiene mayores flujos provenientes del recaudo de impuestos a la propiedad y a la actividad industrial y comercial, y obviamente transferencias de EPM. El Departamento, en cambio, es de fuentes de ingresos más bien reducidas, siendo la FLA la principal de ellas, y las transferencias de la Nación y las regalías. Ahora el departamento no contará con los recursos que se esperaban de Hidroituango.
Ahora para el departamento, si bien no se establecen los cargos de vicegobernadores, sí se crean cinco Secretarías Regionales y Sectoriales (Seres), que tendrán a su cargo la coordinación de las Secretarías de Despacho –algunas de nueva creación– y la atención directa de subregiones de Antioquia. De todos los complejos organigramas que se desprenden de esta reorganización administrativa, funcional y de poderes, llama la atención que se establezca que “considerando su impacto”, el “relacionamiento del Idea y Teleantioquia será directamente gestionado por el despacho del gobernador”. ¿Despolitiza o, por el contrario, politiza la gestión de esas entidades?
Ha sido enfática la actual administración departamental en afirmar que esta nueva estructura no costará más, y que, antes bien, se economizarán recursos (realmente, poco más de 30 millones de pesos al año). Dicen también que no habrá desvinculación de personal, evitando reconocer que es que esa desvinculación se produjo en los primeros meses de mandato en varios niveles y dependencias.
Hay que mirar bien el listado de dependencias y las nuevas que comenzarán a funcionar pronto: secretarías de Seguridad y Justicia (asume buena parte de lo que le correspondía a Gobierno); Inclusión Social y Familia; Tecnologías de Información y Comunicaciones; de Suministros y Servicios, y Turismo. Tres gerencias más: Personas Mayores, Personas con Discapacidad y Protección y Bienestar Animal. Y una empresa, llamada Activa, de promoción de eventos turísticos.
El modelo de Gerencia Pública que se promete apunta a “buenas prácticas, transparencia y efectividad en la toma de decisiones” –y se supone que también en la ejecución de esas decisiones–, con la adopción de los principios y mandatos del Gobierno Corporativo. Entre los principios está el de Economía: “proceder con austeridad y eficiencia, optimizando el uso de los recursos y procurando el más alto nivel de calidad en sus actuaciones”.
Tres años quedan de mandato y sea el gobernador Gaviria o quien eventualmente lo remplace, atendiendo lo que llegue a decidir la justicia penal en sus procesos en curso, deberá garantizar a los antioqueños que estos objetivos se cumplan y que esta nueva estructura atienda al bienestar general y no a la creciente burocratización.
