La realización de la 71 Asamblea General de la Andi, que comienza hoy en Cartagena, se da en momentos en que la evolución reciente del sector industrial y el panorama económico no se caracterizan por ser los más promisorios.
En particular, la industria se vio duramente afectada por el largo período de revaluación y la falta de políticas compensatorias que evitaran el daño infligido por el auge mineroenergético al aparato productivo. Las tasas de crecimiento negativas del PIB industrial y las muy bajas de la agricultura son la clara expresión de este fenómeno.
No obstante el panorama, Bruce Mac Master, presidente de la Andi, ha señalado que en la Asamblea se quiere “mirar hacia el futuro”, en el sentido de definir “lo que debe hacerse de aquí en adelante”.
A la luz de este propósito, es evidente que el sector industrial tiene que reconocer la realidad que implica vivir en un mundo globalizado y altamente interconectado en el que, al tiempo que se generan riesgos para los sectores y las empresas, se abren amplias oportunidades que, de saberse utilizar, representan poderosos motores de desarrollo como lo ejemplifican los resultados exitosos de los países asiáticos.
Lo que enseñan estas experiencias es, entre otras cosas, que la transformación y modernización del aparato productivo van de la mano de la apertura comercial.
Como lo muestran estudios recientes, el país se mantiene relativamente cerrado al comercio internacional. Los esfuerzos que desde principios de la década de los noventa se han realizado para reducir el nivel de protección han resultado infructuosos.
Precisamente, un trabajo del Banco de la República concluye que las actuales barreras no arancelarias equivalen a un arancel del 33 por ciento. Ello representa casi cuatro veces la actual tarifa arancelaria promedio nominal.
Un nivel de protección de esta magnitud limita el desarrollo competitivo de las empresas y los sectores, frena la expansión exportadora e inhibe la incorporación de conocimiento a través del uso de nuevas tecnologías y el impulso a la innovación. Todo esto conlleva a que no se tengan mayores avances en productividad.
Frente a los Tratados de Libre Comercio, el gremio industrial, antes que lamentarse por lo acordado, debería motivar al Gobierno para que se adopten las medidas que aseguren el mayor aprovechamiento de las oportunidades que se derivan de los mismos.
Ello es aún más urgente ahora que la reactivación de la economía estadounidense avanza y que la europea se encamina en esta dirección. No hay que olvidar que estas naciones representan nuestros principales socios comerciales.
Este propósito se ve favorecido por el estímulo que la devaluación del peso representa para los sectores transables. Los programas de infraestructura, como el de las concesiones de 4G, y el Pipe 2.0 también constituyen oportunidades para el desarrollo de la industria.
La ministra de Comercio, Industria y Turismo, Cecilia Álvarez-Correa, ha insistido en que la política industrial y de exportaciones que adelanta el Gobierno busca reactivar los sectores productivos y crear las condiciones necesarias para su competitividad. Señala, además, que para su aplicación se trabaja de la mano de los empresarios.
El desarrollo del país no se concibe sin una industria pujante. Ello demanda, entre otras cosas, un diálogo fluido y productivo entre los sectores público y privado. Esperamos que la Asamblea de la Andi sea el escenario propicio para asegurar e intensificar la concertación.
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