Aquella imagen de balas perdidas estrelladas contra las ventanas, de disparos con armas de largo alcance durante la madrugada y de familias que abandonan sus viviendas y se desplazan a otros barrios, forzadas por la violencia de la disputa entre bandas delincuenciales, ese drama que parecía parte del pasado, se reedita hoy en el sector Belén-Zafra y en el corregimiento Altavista.
El deterioro del orden público allí es notorio: además de pandilleros muertos y heridos tras los enfrentamientos, a la lista de víctimas se suman jóvenes que se resisten al reclutamiento por parte de los grupos criminales y se agregan civiles heridos por proyectiles que se desvían a unidades residenciales contiguas.
El miedo es cotidiano en un amplio territorio de la ladera occidental. Desde el primer semestre del año se presentaron sucesivas suspensiones de las jornadas escolares, debido al temor de alumnos y padres intimidados directamente por las bandas o que decidieron no acudir a las instituciones educativas para evitar quedar en medio del fuego cruzado.
Aunque la Alcaldía y la Policía Metropolitana han copado Altavista y Zafra en varias oportunidades, además de lograr capturas significativas de integrantes de las pandillas e incautar armamento, la inseguridad persiste.
Tras meses de incidentes y asesinatos, después de incursiones de comandos ilegales en territorios enemigos, las últimas semanas los tiroteos y las presiones continúan, en ocasiones incluso a pleno día. Al peor estilo de comienzos de este milenio, en la comuna 13, sitiada entonces por milicias guerrilleras y grupos paramilitares, y luego ocupada por la fuerza pública, ahora Altavista y Zafra se convierten en una repetición infortunada de controles territoriales y acoso a los ciudadanos inermes, en medio de extorsiones, restricciones a la movilidad y señalamientos que se convierten en sentencias de muerte y desplazamiento intraurbano. Junto con Robledo, estos son los sectores de Medellín donde más se presenta hoy el abandono forzado de viviendas.
Lo que resulta inquietante es que pese a lo sobrediagnosticada que está la violencia allí, no se logra una intervención policial y de gobierno capaz de desactivar totalmente el problema y sus efectos.
La zozobra diaria en que viven esas barriadas, que afecta las actividades comunitarias, el comercio y el transporte, y que pone en peligro inminente la vida de los transeúntes e incluso la de quienes se encierran en sus casas, y que no alcanzan a ponerse a salvo completamente de armas de gran poder como ametralladoras y carabinas, demanda un plan de mayor alcance y contundencia. El daño real a la ciudadanía y el que se provoca a la imagen y la convivencia no dan espera.
Hay un palpable agotamiento y desespero de quienes viven en Altavista y en Zafra, por razones obvias. Pero también hay preguntas y preocupación en el conjunto de los medellinenses, que advierten la vulnerabilidad del orden público y el inocultable poder desestabilizador que aún conservan algunas bandas en la periferia urbana.
Si en el último año se destacaron las bondades del trabajo en equipo de los organismos de gobierno y seguridad de Medellín, se hace urgente que ahora recobren su visibilidad y resultados. La gente de Altavista y Zafra agradecería que termine este conflicto que ha convertido sus calles en campo de batalla y pesares.
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