Ante la decisión de la Opep de no reducir el volumen de barriles que aporta diariamente al mercado, con la consecuente caída de precios, lo previsible es que las empresas petroleras revisen su estructura de costos, sean más selectivas al momento de realizar sus inversiones y dependiendo del músculo de cada empresa, definirán qué tanto riesgo asumen en la actividad petrolera.
En Colombia, para las empresas petroleras se juntan tres situaciones perversas: precios bajos, que no sabemos cuánto duren; costos altos para operar en labores de exploración y una reforma tributaria que golpea de manera desproporcionada a la industria petrolera.
El escenario de precios bajos tiene un grave impacto además en las finanzas públicas que podría terminar significando una caída de unos dos billones de pesos. Y de continuar esta situación en 2015 sería muy complicada. Un precio del barril de 70 dólares le significaría al Estado un hueco fiscal de unos 8.4 billones.
En este escenario que compartimos con otros países, lo importante es preguntarse qué debemos hacer en Colombia para ser más competitivos, cuando existe una oferta de bloques importantes en todo el mundo y el capital será más reducido y cauteloso. De ahí la importancia de cómo facilitar la operación de las empresas en territorio colombiano y medir con extremo cuidado el impacto de la reforma tributaria sobre una industria que durante una década le ha permitido al país apalancar su desarrollo económico y social.
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