El Congreso y la Corte Constitucional son instituciones claves para alcanzar la deseada seguridad jurídica. La Mesa de La Habana no tiene el poder de reformar por sí misma la Constitución. Sabemos que van a ser necesarias reformas constitucionales y el compromiso del Gobierno es promoverlas y convocar a los órganos competentes para lograrlo, pero para que esté claro, en La Habana no se hará una Constitución en la sombra.
Es prematuro obligar a la Rama Judicial a pronunciarse sobre un acuerdo que aún no está terminado. Para satisfacer el interés de la gran mayoría de los colombianos, el acuerdo debe contener garantías para las Farc, para la ciudadanía, para la sociedad, por eso debe hacerse la evaluación completa de lo que se acuerde.
Las opiniones de las Farc las recibimos con inmenso respeto en La Habana, ese es el sitio adecuado. Una vez transcurra un proceso de dejación de armas transparente, definitivo, de reincorporación a la vida civil, esta sociedad abrirá los brazos a las Farc. Pero precipitar y adelantar la presencia de las Farc en los órganos del Estado es realmente un error.
Cualquiera que sea el mecanismo que se adopte para garantizar la seguridad jurídica de los acuerdos, ninguno puede conducir a que se elimine el pronunciamiento del cuerpo ciudadano. Las Farc y el Gobierno convinieron una refrendación en el llamado Acuerdo General de La Habana.
