Los grandes actos de corrupción de Odebrecht deben servir para movilizar a toda la nación en contra de un problema que, además, hace inviable toda atención a las otras lacras del país, también muy graves. Colombia padece hoy, en sus relaciones públicas y privadas y nacionales y extranjeras, la vergonzosa condición de ser uno de los países más corruptos del mundo.
La lucha contra la corrupción exige desarrollarla en dos sentidos: en la parte legal, fiscales, jueces, cárceles, como es obvio. Pero también señalando con nombre propio las responsabilidades políticas de las personas y los partidos involucrados, para que la opinión pública sepa a qué atenerse. Es muy negativo para la lucha contra la corrupción y el delito que los colombianos ignoren la filiación política de los involucrados en el caso Odebrecht o la de Kiko Gómez y Álvaro Cruz, por ejemplo.
Propongo que los medios de comunicación, en cada caso de corrupción o delito, sin excepción, informen la filiación política del involucrado, de forma que también sufran su condigno castigo los partidos o movimientos que los llevan a los cargos de los que abusan. Hay países donde los medios siempre unen la información de los actos del dirigente político con su partido. No hacerlo facilita el engaño al ciudadano, fraude que está en la base de todas las corruptelas.